TC:  los ´contratos covid´ complican su  renovación 

09 de abril de 2021

Remesas defectuosas, sobrecostes fenomenales, proveedores bajo sospecha...un buen puñado de los contratos de suministro de material sanitario rubricados por vía de urgencia durante las primeras semanas de la pandemia por Ingesa, la institución dependiente de Sanidad donde se localiza la central de compras de material sanitario del Estado.

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Pese a que el azote de la pandemia aún no ha quedado atrás, el Tribunal de Cuentas, la institución del Estado a la que la Constitución Española encomienda la fiscalización de las cuentas públicas para evaluar su adecuación a los fines del interés general, no ha dudado en priorizar en su plan de trabajo para el año 2021 la fiscalización de los gastos asociados a la gestión de la pandemia y, en concreto, la "de los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19", con el objetivo declarado de "impulsar el proceso de actuación del control externo ante la crisis, que necesariamente habrá de continuarse y completarse en futuros programas".

Como se sabe, el próximo 21 de julio vence el mandato que en 2012 recibieron los actuales consejeros del Tribunal de Cuentas para encargarse de la fiscalización de las cuentas públicas durante los nueve años que estipula la ley orgánica de 1982 que regula el funcionamiento del supremo órgano fiscalizador de cuentas del Estado. Sin embargo, el proceso de renovación de esos doce puestos - actualmente sólo hay once ocupados de manera efectiva - apenas sí se ha iniciado, encallado por la falta de sintonía entre PSOE y PP para acordar la renovación de las altas instituciones del Estado como el Consejo General del Poder Judicial o el Defensor del Pueblo. "Todo se negocia en el mismo paquete y el Tribunal de Cuentas no está en los primeros puestos de la lista", conceden fuentes gubernamentales. "Ni siquiera hemos empezado a hablar de eso", aseguran fuentes del Partido Popular.


Con la renovación de las doce plazas del Pleno del Tribunal de Cuentas en vía muerta, la situación deja la 'patata caliente' del escabroso informe de fiscalización sobre los contratos de emergencia rubricados en el marco de la gestión de la Covid en manos de un Tribunal en situación de interinidad y dominado de manera clara por consejeros designados en su día por el Partido Popular. "El informe va a ser un foco de tensión interna en los próximos meses. Eso seguro", admite una fuente no oficial del Tribunal de Cuentas. Las cinco fuentes del organismo y conocedoras de su funcionamiento consultadas para la elaboración de esta información coinciden en dejar fuera de toda duda el rigor técnico de los informes de fiscalización del Tribunal, pero también recuerdan situaciones de tensión en el pasado en torno a determinados pronunciamientos puntuales sobre cuestiones candentes del debate público. La más reciente fue la célebre carta del presidente del Tribunal de Cuentas cuestionando el proceso de 'crowdfunding' activado al margen del control de Ferraz por la candidatura de Pedro Sánchez para disputar la Secretaría General del PSOE a Susana Díaz en las ya históricas primarias de 2017.

El informe de fiscalización de los contratos de emergencia rubricados en los primeros compases de la crisis sanitaria, especialmente desde el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa, reúne esos requisitos que lo convierten en una fiscalización de riesgo. El asunto ha sido uno de los vectores de crítica política de la oposición en el Congreso a la gestión gubernamental de la crisis, afecta de forma directa a uno de los valores más sólidos del PSOE como es Salvador Illa y pone bajo el microscopio la solvencia misma del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de gestionar los momentos más duro de la crisis del coronavirus.

El Tribunal de Cuentas, además, ha decidido en esta ocasión reducir al máximo ese decalaje temporal que tanto lastra sus informes y que hace que en algunos casos se publiquen con tres o cuatro años de retraso respecto al ejercicio que se analiza. El plan aprobado por el Pleno del Tribunal a finales del pasado mes de diciembre prevé la aprobación de los informes de fiscalización sobre los contratos de emergencia suscritos por las Administraciones Públicas durante la crisis para este mismo año 2021. 

La complejidad del proyecto obligará a implicar a varios departamentos de la Sección de Fiscalización del Tribunal. La idea del Tribunal de Cuentas es pasar bajo su lupa los contratos de emergencia suscritos en el contexto de la gestión de la Covid por los ministerios del Área de Administración Económica del Estado, también los de los ministerios del Área Político-Administrativa del Estado, los de la Administración Socio-Laboral, los del sector público empresarial no financiero, los de las autoridades administrativas independientes y fundaciones públicas, los de las comunidades autónomas y los de los ayuntamientos de ciudades de más de 300.000 habitantes, lo que implicará a siete de los ocho departamentos en que está dividida la Sección de Fiscalización.

En cuatro de esos siete departamentos los máximos responsables son consejeros designados en su día a propuesta del Partido Popular, si bien en el Departamento del Área Político-Administrativa del Estado, que es la que en principio deberá encargarse del análisis de la parte más controvertida, los contratos de emergencia del Ministerio de Sanidad, la consejera responsable es Enriqueta Chicano, nombrada a propuesta del Partido Socialista y que pasa por ser la consejera más cercana al Gobierno.
"En cualquier caso, los informes deben sujetarse a las directrices técnicas y éstas se determinan de manera colegiada, primero por la Sección de Fiscalización", cuya Presidencia ostenta Javier Medina, consejero nombrado a propuesta del Partido Popular, "y en último término por el Pleno", también dominado por los consejeros designados en su día por el PP en una relación de 7 a 4 - uno de los consejeros designados por el PSOE abandonó voluntariamente su cargo y su plaza quedó vacante -, explican fuentes del tribunal. "No hay que esperar grandes conclusiones del informe", advierten estas mismas fuentes. "Probablemente se limite a un control de legalidad y no entrará en los aspectos más controvertidos, como la solvencia de los adjudicatarios o la opacidad de los procedimientos".

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene la oportunidad de alterar esa relación de fuerzas dentro del Pleno del Tribunal de Cuentas. En el último proceso de renovación del Tribunal una dilación de más de año y medio hizo que la docena de consejeros del organismo se eligiera en julio de 2012, con el Gobierno de Mariano Rajoy en situación de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Ello dio como resultado un Pleno con mayoría de consejeros designados por el PP.

Fuentes del Tribunal de Cuentas confirman que el organismo ya ha cumplido con su obligación legal de avisar al Congreso de los Diputados y al Senado del vencimiento del mandato de los consejeros cuatro meses antes de que éste se produzca. Su renovación depende ahora de la capacidad de los partidos de alcanzar un acuerdo amplio sobre el particular, ya que la aprobación de la nueva composición requiere de una mayoría parlamentaria de tres quintos. "Por el momento la situación es de calma", asegura un funcionario del Tribunal. "Los consejeros asumen que es posible que les toque permanecer unos cuantos meses más en el puesto".
 

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