El TC comunica de espera su renovación

11 de abril de 2021

El Tribunal de Cuentas ha comunicado al Congreso y al Senado que deben abrir el proceso de renovación de sus consejeros, ya que fueron elegidos en julio de 2012 y quedan poco meses para que concluya su mandato.

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La institución fiscalizadora se suma así a la lista de órganos que las Cortes Generales tienen pendiente de renovación y que, dadas las mayorías exigidas, requieren un entendimiento entre el Gobierno de coalición y el PP como primer partido de la oposición. El PSOE y Unidas Podemos ya cerraron un acuerdo con el PP y con el PNV para la renovación del Consejo de RTVE e incluso hubo negociaciones para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero también hay otras instituciones cuyo mandato ha caducado, como el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo o la Agencia Española de Protección de Datos.

El escrito del Tribunal de Cuentas, remitido tanto al Congreso como al Senado, cumple con la legislación, que determina que, cuatro antes de que expire el plazo de los nombramientos de los consejeros, la presidencia del tribunal debe avisar a las Cortes para iniciar el procedimiento de renovación.
La legislación establece que los 12 consejeros que conforman el tribunal deben ser elegidos por el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos (210 diputados). Su mandato tiene una duración de nueve años y los elegidos designan a su vez al presidente a los responsables de las dos secciones.

La presidencia del órgano fiscalizador se va renovando cada tres años entre los consejeros. Por eso, este mandato de 2012 comenzó con Ramón Álvarez de Miranda al frente de la institución y ahora el puesto lo ocupa María José de la Fuente y de la Calle. La institución que lleva más tiempo pendiente de renovación el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017 y para el que se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo. Ese resultado debe ratificarse en el Senado en un plazo máximo de 20 días.
 

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