TS: Hacienda deberá devolver el IVA a las CC AA

27 de abril de 2021

El Estado tendrá que rectificar la liquidación fiscal del ejercicio 2017, efectuada en 2019, y compensar económicamente a Castilla y León abonándole la cuantía pendiente de pago del IVA que no le fue entregada, según acaba de dictaminar el Tribunal Supremo. Al estar todas las regiones en la misma situación, el fallo abre la puerta a que Hacienda tenga que abonar unos 2.500 millones de euros al conjunto de las comunidades autónomas.

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De momento, la Sala III del alto tribunal ha estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo impulsado por la comunidad autónoma, condenando Administración del Estado a abonarle el importe que finalmente se calcule oportuno en la ejecución de la sentencia. La estimación de la demanda no es total porque el cálculo de 182 millones que reclama Castilla y León no ha sido debidamente justificado.

El fallo considera inadecuada la liquidación del IVA del ejercicio de 2017 tras la entrada en vigor del Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, que fue recurrida por esta comunidad autónoma, entre otras.
El Supremo le da la razón ahora al entender que la norma supuso un desequilibrio que “determinó la vulneración del derecho a la autonomía financiera de la comunidad autónoma, pues, como acertadamente afirma esta en su demanda, es notoria la disfunción que se deriva del hecho de que las entregas a cuenta se le abonasen en doce mensualidades y, en cambio, en la liquidación definitiva se atendiese únicamente a la recaudación de IVA correspondiente a 11 mensualidades, derivándose de ello un resultado anómalo”.
El problema surgió por la implementación del nuevo sistema de información inmediata (SII) sobre el IVA que impulsó el PP en su día, provocando un desajuste contable en el calendario del impuesto que derivaba en una liquidación de solo 11 de los 12 meses correspondientes al año.
Tras la moción de censura que llevó al poder al primer Gobierno de Pedro Sánchez, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trató de resolver la disfunción incluyendo un pago adicional en los Presupuestos Generales de 2019, año en el que se liquidaban los impuestos de 2017.
Al ser tumbadas las cuentas en el Congreso de los Diputados, provocando la primera de las dos convocatorias electorales de aquel año, el Gobierno dio por imposible solventar la pérdida de un mes de recaudación, por valor de unos 5.000 millones de los que el 50%, unos 2.500 millones, corresponderían a las comunidades autónomas.

El recurso legal de Castilla y León abre la puerta ahora a que el resto de regiones afectadas reclamen también por vía judicial el dinero que no les fue entregado y que el Estado tendrá que entregarles. Eso sí Hacienda no decide impulsar una solución generalizada en lugar de esperar al goteo de fallos judiciales en su contra.

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