Montero necesita dinero y tira la casa por la ventana

25 de mayo de 2021

El nuevo régimen de reducción de sanciones que plantea el proyecto gubernamental permite reducir hasta en un 58% el monto de la sanción propuesta por la Agencia Tributaria en los casos en que el contribuyente dé su conformidad a la misma y, además, sustancie su ingreso dentro de los periodos previstos en la normativa tributaria. 

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En concreto, la nueva norma mantiene la reducción del 30% ya existente por la conformidad y establece una reducción adicional del 40% sobre la sanción ya reducida por ingresar la misma en plazo (a día de hoy esa reducción adicional es del 25% en la redacción actual del artículo 188 de la Ley General Tributaria) y renunciar a posteriores reclamaciones o recursos.

Lo que hace el informe propuesto por la ponencia, sin apoyarse además en ninguna de las más de 200 enmiendas planteadas al texto por los grupos parlamentarios, es ampliar el radio de acción de este régimen transitorio a los contribuyentes que tengan reclamaciones y recursos interpuestos contra sanciones planteadas por la Agencia Tributaria...aunque bajo dos premisas fundamentales: que desistan del recurso o reclamación planteados contra la sanción propuesta por la Agencia Tributaria y que acrediten el pago de la misma, ya reducida según los nuevos parámetros previstos en la ley antifraude, antes del 1 de enero de 2022, es decir, en el año en curso.

Mirado desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda, la maniobra tiene una doble ventaja: 
    - permitiría aligerar la siempre atestada bolsa de recursos y reclamaciones que tienen que gestionar los funcionarios de la Agencia Tributaria y que están detrás de buena parte de la millonaria deuda de los contribuyentes con el Fisco             
-transformar la gravosa gestión de recursos y reclamaciones en términos de gasto público, en ingresos contantes y sonantes para las arcas públicas, por mucho que éstos se reciban reducidos respecto a las sanciones iniciales propuestas desde la Agencia Tributaria. 

La Comisión de Hacienda del Congreso votará este martes la aprobación o no del informe de la ponencia con las modificaciones propuestas por los grupos parlamentarios al texto recibido por el Gobierno y que en principio se centran en el endurecimiento de los requisitos para constituirse como sicav, mediante la exigencia de una inversión mínima de 2.500 euros; la implantación de un tipo del 15% sobre los beneficios no distribuidos de las socimi; o la rebaja a 1.000 euros de la cuantía máxima que se puede pagar en efectivo entre otras.
El proyecto de Ley de Medidas para la Prevención y la Lucha contra el Fraude Fiscal ha permanecido cerca de ocho meses anclado en el Congreso hasta la semana pasada el Gobierno decidió desbloquearlo. El texto no sólo pretende dotar de nuevas herramientas de lucha contra el fraude a la Agencia Tributaria sino que también prevé medidas fiscales que aspiran a generar más de 800 millones de euros en ingresos fiscales. La hoja de ruta trazada por el Ministerio de Hacienda espera su aprobación este mes de junio








 

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