El Supremo se opone a los indultos

26 de mayo de 2021

Los magistrados consideran que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos. Una vez que el Supremo se ha opuesto a los indultos, el Gobierno sólo puede conceder un indulto parcial: reducir la pena o cambiarla por otra menos grave.

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El Tribunal Supremo ha informado en contra de la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial- a los 12 condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y de desobediencia al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida de gracia.

Los miembros del Supremo rechazan por unanimidad conceder un indulto total o parcial a los dirigentes secesionistas condenados por sedición, malversación o desobediencia al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida de gracia.

El tribunal considera que las penas son proporcionales, constatan que “no hay la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento” y que los argumentos en los que se basan las peticiones de indultos realizadas por terceros “desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el Gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo”.

El informe concluye que la pena impuesta a un condenado sólo deja de ser necesaria cuando ha cumplido con la finalidad que legitima su imposición, algo que, según la sala, no ocurre en este caso. “La constatación del fracaso de los fines de prevención especial, apreciable sin necesidad de mayores esfuerzos argumentales, obliga a rechazar el indulto solicitado a favor de los condenados”.

E insiste en la idea que ya introdujo en la sentencia del procés de que no se les condenó por sus ideas. “La Sala no se aferra a concepciones ya obsoletas acerca del significado de la resocialización del penado, sobre todo, cuando éste no comparte ni se identifica con los valores sociales hegemónicos. Pero esta idea no es incompatible con la aceptación de que una sociedad pluralista, inspirada en valores democráticos, puede exigir mediante la imposición de una pena que la ruptura de las bases de la convivencia nunca sea el fruto de una decisión unilateral, apoyada en la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que sólo existe en la imaginación de sus promotores”, precisan.

El informe impide conceder un indulto total, pero sí parcial

El informe del Tribunal Supremo no es vinculante para la decisión que tome el Gobierno sobre los indultos, aunque sí es preceptivo. No obstante, aunque la opinión del Supremo no sea vinculante, sí que limita el alcance del indulto, porque la ley que regula esta medida impide conceder un indulto total con el informe en contra del tribunal sentenciador. Así lo establece el artículo 11 de esta norma: “El indulto total se otorgará a los penados tan solo en el caso de existir a su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal sentenciado”.

Por tanto, una vez que el Supremo se ha opuesto a los indultos, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez sólo puede conceder un indulto parcial. Dicho indulto parcial podría ser por la vía de reducir la pena o cambiándola por otra, según permite la ley, en la que se se concreta que se debe dar “preferencia” a “la conmutación de la pena impuesta en otra menos grave”.

Para el tribunal, las razones invocadas para respaldar el indulto total o parcial pierden cualquier justificación “cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos”.

Falta de arrepentimiento

El informe se detiene a analizar la falta de arrepentimiento que han exhibido la mayoría de los condenados. “Ni siquiera flexibilizando ese requerimiento legal y liberando su exigencia de la necesidad de un sentimiento de contrición por el hecho ejecutado, podríamos atisbar una voluntad de reencuentro con el orden jurídico menoscabado por el delito”, advierte el tribunal, que pone el acento en que “el mensaje transmitido por los condenados en el ejercicio del derecho a la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática, asumiendo incluso que la lucha por su ideales políticos -de incuestionable legitimidad constitucional- autorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución de la jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía”.

El informe cita a Jordi Cuixart que en su respuesta a la Sala afirma que todo lo que hizo lo volvería a hacer porque no cometió ningún delito, lo que para el AltoTribunal es . “la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal. De hecho, expresan una actitud antidemocrática, en la que la propia conciencia y el compromiso social que cada ciudadano suscribe le autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones dictadas por los Jueces y Tribunales de un determinado territorio, a sortear las vías legales de reforma de un sistema jurídico y, en fin, a vulnerar los derechos fundamentales de aquellos otros ciudadanos que no comulguen con esos principios o esa conciencia individual”.

En su informe, recuerda que el tribunal quiso oír a los condenados, cumpliendo el trámite indispensable impuesto por la Ley de Indulto, y que la mayor parte de ellos, salvo Jordi Cuixart y Santi Vila, no informaron, por lo que “con su silencio privaron a la Sala de la valoración de los elementos decisivos para respaldar nuestro informe y, lo que es más importante, nos obliga a una interpretación flexible que no vea en esa falta un impedimento formal que sugiera el cierre del expediente”.

Varias de las solicitudes de indulto que han llegado al Ministerio de Justicia justifican la medida por la desproporción de las penas ante un delito contra el orden público. La Sala recuerda, sin embargo, que su sentencia dejaba claro que el delito de sedición es algo más que un delito contra el orden público. “Antes al contrario, lo que describe el juicio histórico es un ataque a la paz pública y a la observancia de las leyes y resoluciones como fundamento de la convivencia en el marco constitucional”, recuerda el tribunal, que considera por ello que el enfoque para solicitar y conceder la extinción de la pena tiene que ser distinto “cuando lo que está en juego no es la preservación del orden público, sino la solidez de los pilares sobre los que se asienta la convivencia democrática.”

Por lo que respecta a los condenador por delito de malversación de caudales públicos, el Supremo que es más que evidente que en cualquier sistema penal democrático, la aplicación de fondos públicos a fines ilícitos, mediante actos expresivos de la deslealtad en el manejo de caudales públicos, constituye un delito al que se asocian graves penas privativas de libertad.

El informe recoge también las razones por las que considera improcedente la concesión del indulto a los condenados sólo por un delito de desobediencia que no cumplieron penas de prisión. En este caso, señala que su negativa se deriva de la ausencia de cualquier razón que obligue a corregir un desenlace punitivo que, en modo alguno, puede considerarse contrario al principio de proporcionalidad. Sobre todo, según la Sala, porque el abono de las penas pecuniarias que le fueron impuestas y el tiempo transcurrido desde la firmeza de la sentencia, descartan el efecto extintivo que es propio del indulto.

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