El TC confirma la condena por el asedio al Parlament

30 de junio de 2021

El Pleno del Tribunal Constitucional ha confirmado la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a la pena de tres años de prisión por un delito contra las instituciones del Estado a los responsables del asedio al Parlament en 2011, que obligó al eontonces president Artur Mas a entrar en la cámara en helicóptero.

Compartir en:

El Tribunal considera que los recurrentes, que formaban parte de un grupo numeroso de personas (entre 600 y 1000), se concentraron frente una puerta del Parlament, habilitada para que pudieran acceder a su interior los diputados que iban a asistir al pleno en el que se iban a debatir los presupuestos de la Comunidad Autónoma, con objeto de impedirles que los parlamentarios pudieran entrar. El Tribunal sostiene que los concentrados no se hallaban en el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación, pese a que la convocatoria había sido comunicada a la Autoridad Gubernativa, porque habían acudido en respuesta al lema de aquella convocatoria que era el de “Aturem el Parlament, no deixarem que aprovin retallades" (Paremos al/el Parlament, no permitiremos que aprueben recortes).
Queda acreditado que algunos de los diputados se vieron impedidos para acceder a la cámara catalana por sus propios medios, otros hallaron dificultades en dicho acceso y, finalmente, otros tuvieron que ingresar en el Parlamento utilizando medios de transporte extraordinarios (helicóptero).

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Antonio Narváez, señala que la evaluación del carácter coercitivo o intimidatorio de las conductas imputadas a los recurrentes en amparo no puede aislarse del contexto en el que se desarrollaron.
En efecto, “no cabe considerar ejercicio legítimo de la libertad de expresión, reunión o manifestación a aquellos mensajes que, por su contenido o por la forma de expresarlos, incorporen amenazas o intimidaciones a los demás, es decir, aquellos casos en que los derechos se ejerciten de forma desmesurada y exorbitante en atención al fin al cual la Constitución le concede su protección preferente”.
En este sentido, el Tribunal entiende que fue la forma “exorbitante e intimidatoria” de las acciones visibles de los recurrentes, lo que propició que con su conducta dificultaran el acceso de los diputados a la sede del Parlamento para que este pudiera desarrollar con normalidad su sesión plenaria convocada y abordar el orden del día programado, en el que figuraba el debate sobre los presupuestos generales de la comunidad autónoma y, por ende, las decisiones anuales de gasto público.

El Tribunal recuerda que el ejercicio de las libertades de reunión, manifestación y expresión no es ilimitado, dado que sus límites se encuentran en otros bienes y valores constitucionales entre los que se encuentran los derechos de participación política del artículo 23 de la Constitución de los diputados y de los ciudadanos que aquéllos representan.

Lo que perseguían los allí concentrados –según la sentencia- “era atacar las raíces mismas del sistema democrático”. En efecto, el Tribunal Constitucional, que comparte el relato de hechos probados aceptado por la Sala Penal del Supremo, señala que “no puede hablarse del ejercicio legítimo de un derecho ni de la concurrencia de una causa de justificación que exonerara a los recurrentes de la conducta antijurídica cometida ni de un exceso en el ejercicio de ese derecho, desde el momento en que el objetivo de la concentración convocada era el de paralizar la actividad de la Cámara y que el proyecto de presupuestos no fuera aprobado”.

Voto particular: la condena "empobrece nuestro sistema democrático"
La sentencia cuenta con cuatro votos particulares. El magistrado Cándido Conde-Pumpido ya hizo la primera ponencia que pretendía la estimación del recurso al considerar que los hechos debían englobarse en la libertad de expresión y manifestación, texto que fue rechazado por la mayoría del tribunal. En su voto particular, explica que la pena de prisión fijada es “manifiestamente desproporcionada, dada la evidente relación de las conductas enjuiciadas con el contenido de los derechos de reunión y manifestación”.

El voto particular formulado por el magistrado Juan Antonio Xiol y la magistrada María Luisa Balaguer señala que la condena “resulta desproporcionada y con un indeseable efecto desaliento en el ejercicio de un derecho fundamental (el de reunión), máxime cuando la concentración había sido debidamente comunicada a la autoridad competente”.

Recuerda que su desarrollo se hizo de forma pacífica, a pesar de alguna situación esporádica de tensión y no tenían la intención de propiciar la paralización de la acción legislativa sino la de mostrar a los representantes políticos su disconformidad con las líneas ideológicas en el que se sustentaba el proyecto de presupuestos que se quería aprobar.

En su opinión, la respuesta penal supone una grave injerencia en el derecho de reunión “que tiene un devastador efecto desaliento sobre el mismo, empobrece nuestra democracia, nos alinea con sociedades disciplinadas por el abuso del sistema penal en la represión de conductas que se desenvuelven en el ámbito material de derechos fundamentales y nos alejan de la aplicación progresiva de aquellos derechos que posibilitan la participación de la ciudadanía en las democracias plenas”.

 

Compartir en:

Crónica económica te recomienda