INSOLVENCIAS: El Estado seguirá siendo el que primero cobra 

07 de julio de 2021

Economía no está dispuesta a ceder los privilegios que los acreedores públicos, fundamentalmente la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, tienen en la resolución de los procesos de insolvencia empresarial y que les garantizan el cobro prioritario siempre que sea posible de las deudas pendientes de pago por parte de las empresas en problemas. 

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La posible retirada total o parcial de los privilegios de los acreedores públicos se había convertido en uno de los principales elementos de debate en torno a la nueva regulación después de que instituciones como el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional hubieran señalado el carácter no exonerable de los créditos públicos en España como uno de los principales obstáculos a la supervivencia de las empresas tras una quiebra o, al menos, al adecuado funcionamiento de las herramientas concursales.

La legislación concursal blinda con carácter general el derecho de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social a recuperar al menos el 50% de las deudas pendientes de pago por parte de la empresa declarada insolvente antes de que el resto de acreedores empiecen a cobrar y limita el margen de maniobra de los acreedores públicos para respaldar con convenios de reestructuración empresarial que no cumplan con este principio. El FMI recomendó recientemente a España romper con este esquema y favorecer que los acreedores públicos se impliquen más en estos procesos pudiendo incluso aceptar quitas superiores a las del sector privado cuando el valor social de la empresa en cuestión sea superior al económico.
Sin embargo el Gobierno  mantendría así un principio que ha sobrevivido contra viento y marea a todas las reformas concursales que se han realizado en España en los últimos años. Así sucedió cuando se reguló la posibilidad de los acuerdos extrajudiciales de pagos, que dejaron expresamente los créditos públicos fuera de esa negociación; cuando se dispuso el proceso de liberación inmediata de las deudas, que permitía al deudor obtener la condonación de las deudas insatisfechas en caso de acuerdo; y cuando se habilitó el mecanismo de segunda oportunidad, que estableció los famosos planes de pago a cinco años que permitían al deudor sacudirse los créditos ordinarios y subordinados, pero que nuevamente excepcionaron los créditos públicos.

El riesgo es que muchas empresas con una situación financiera que les debería haber llevado a solicitar el concurso de acreedores lo estén dilatando aprovechando ese paréntesis legal y se encuentren con una situación peor cuando se levante la moratoria. Por eso, consideran tan importante la reforma en la que Economía y Justicia vienen trabajando en las últimas semanas. "Los concursos deben articularse como salvavidas para la empresa, no cómo un trámite de liquidación", señaló en este mismo foro Paula Herrero, directora adjunta de e-activos. 
 

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