García Castellón imputa, también, a Iberdrola Renovables

09 de julio de 2021

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado a Iberdrola Renovables como persona jurídica por la contratación irregular de empresas del excomisario José Manuel Villarejo para investigar, entre otros, al presidente de ACS, Florentino Pérez.

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El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional señala que Iberdrola Renovables habría contratado a Villarejo a finales de 2011 a través del entonces director de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, para investigar a una empresa suiza con la que la eléctrica española se alió para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía y con la que surgieron conflictos.
En magistrado entiende que el supuesto encargo a Villarejo no se reali a título individual por parte de los directivos y empleados de la compañía, "sino que se hizo en nombre o por cuenta de la mercantil Iberdrola Renovables Energía, S.A. y en beneficio de la propia compañía".
En consecuencia, ha instado a la empresa a designar representante, abogado y procurador, indicando que, una vez celebrada la comparecencia prevista en la ley, tomará declaración al representante de la entidad, asistido de abogado.

Además, en el mismo auto García-Castellón ha acordado el sobreseimiento libre para el ex directivo de Iberdrola Juan Antonio del Olmo, contra quien la eléctrica se querelló por un delito de falsedad en documento privado.
En relación con esta querella Iberdrola había solicitado su personación como acusación particular, condición que ahora revoca el instructor, en la medida en que no sería perjudicada por los hechos que se investigan.
García Castellón ya citó el jueves como investigadas a Repsol y CaixaBank en calidad de personas jurídicas por delito de cohecho y delito de revelación de secretos y solicita que ambas empresas designen un representante, así como abogado y procurador para llevar a cabo la comparecencia en la que se informará a los representantes de las dos compañías de los hechos que se les atribuyen. Tras esa comparecencia, el juez cita a los representantes de ambas entidades para el 26 de julio.
En su auto, el juez ve indicios acreditados de que ambas compañías, "actuando conjuntamente, accedieron al tráfico de llamadas telefónicas realizadas por Luis del Rivero y personas de su entorno". Ahora bien, el magistrado recuerda que para imputar a una persona jurídica se exige que del delito sea cometido en beneficio directo o indirecto de la entidad. En este caso, explica el auto, las facturas emitidas por Villarejo en ejecución de los trabajos de investigación encargados fueron abonadas por CaixaBank y Repsol, “poniendo de manifiesto que la actuación de los investigados se llevó a cabo en todo momento en nombre y por cuenta de la propia compañía”.
García Castellón aprecia en el auto dudas sobre la diligencia empleada por las dos entidades en la contratación de los servicios de Villarejo y para ello destaca dos extremos: la legalidad del servicio contratado y la condición de funcionario público de Jose Manuel Villarejo. Explica además que tanto Caixabank como Repsol remitieron en su momento documentación en la que ambas aludían a la legalidad de la contratación de la empresa Cenyt justificándola en la convicción de que se trataba de servicios de seguridad privada.

 

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