Las telecos llevan al Supremo la tasa de espectro 

13 de julio de 2021

Las telecos se quejan del doble gravamen que supone la tasa sobre el espectro y el  impuesto de transmisiones patrimoniales.Pixabay Las telecos continúan con su particular batalla por los impuestos en los tribunales. 

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Ahora llevan ante el Tribunal Supremo la llamada tasa de espectro radioeléctrico, que pagan por la explotación de las concesiones públicas sobre las frecuencias, y el doble gravamen que supone su compatibilidad con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. El objetivo es dilucidar si éste último no choca contra la regulación europea que veta la superposición de impuestos sobre el mismo supuesto de hecho. Este es un frente más del que han venido manteniendo las operadoras de telecomunicaciones en la última década, en la que su discurso frente a la carga fiscal no ha dejado de agriarse.

Todas las grandes operadoras de telecomunicaciones han ido iniciando sus propias peleas durante los últimos años. El esquema era siempre el mismo. Pagaban tanto la llamada tasa de espectro radioeléctrico, liquidada por el Tesoro Público con una periodicidad anual a los adjudicatarios de unas bandas de frecuencias para la telefonía, como el Impuesto de Transmisiones, que era girado por las comunidades autónomas. Sin embargo, a posteriori fueron reclamando la devolución de se último abono al entender que ese impuesto es incompatible con la tasa. En estos años, los tribunales superiores de justicia de las diferentes comunidades han tenido conclusiones diferentes lo que ha generado una inseguridad jurídica importante que el Supremo viene ahora a unificar.

Antes, uno de esos tribunales superiores de justicia, el TSJ del País Vasco, acudió a Europa para tratar de arrojar algo de luz. El Tribunal de Justicia de la UE concluyó a finales del pasado año que la regulación europea no se opone a que un Estado miembro como el español, cuya normativa establece que el derecho de uso de frecuencias está sujeto a una tasa por reserva sujete, además, la constitución de concesiones administrativas de ese dominio a un impuesto sobre transmisiones patrimoniales. "Siempre que cumplan los requisitos establecidos, en particular el relativo al carácter proporcionado del importe percibido como contrapartida", aseguraba.
Esta contestación del TJUE es muy abierta y deja al criterio de los jueces locales varios aspectos en los diferentes procesos abiertos lo que ha llevado a la diversidad de conclusiones. Ahora, los primeros recursos llegan al Supremo. La primera teleco que ha movido ficha es Vodafone. Hace un mes, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite su recurso. Pero, tal y como confirman fuentes del sector, no es el único caso y el resto de compañías también tienen numerosos frentes en diferentes comunidades que van a acabar en los próximos meses en el Alto Tribunal.

El Supremo entiende que hay justificación más que suficiente para sentar jurisprudencia y tratar de unificar todos los criterios, tal y como reconoce en uno de esos autos emitidos en el último mes y al que ha tenido acceso La Información. Deberá poner sobre la mesa la directiva europea de comunicaciones electrónicas, la Ley General de Telecomunicaciones y la normativa tributaria para decidir. Debido a la "evidente trascendencia" que tiene este caso, desde el Alto Tribunal insisten en que llevarán a cabo una "tramitación prioritaria" de acelerar todo el proceso lo más rápido posible. 

No hay datos completamente oficiales, pero desde la patronal del sector DigitalES se hizo un estudio sobre fiscalidad en la que se explicaba que entre 2013 y 2018 se han situado entre los 380 y 390 millones de euros. A partir de 2019, con la llegada de la primera subasta para las redes ultrarrápidas 5G, esa cifra se disparó hasta los 454 millones. De 2020 no hay números. Buena parte de ese dinero se destina a la financiación de Radio Televisión Española (RTVE). De hecho, en 2020 se había aprobado en los Presupuestos General del Estado que se aportaran 410 millones a este fin. Con la aprobación de la nueva regulación audiovisual, con la que las telecos no tendrán que pagar la llamada 'Tasa RTVE' gracias a la aportación de Netflix, HBO y resto de gigantes, se destinarán al ente público 480 millones de esa tasa de espectro para compensar.

Esta no es la única pelea que mantienen las grandes operadoras por la presión fiscal en España. Y en muchas de ellas han tenido pronunciamientos negativos importantes. Por ejemplo, el Supremo dio un golpe a sus aspiraciones al entender que era compatible con la regulación europea el 'tasazo' municipal del 1,5%  de los ingresos que cobran cientos de ayuntamientos de todo el país por el uso del dominio público local. También perdieron su intento por que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional esa 'tasa RTVE'.

Pese a esas derrotas, el discurso de las compañías se ha mantenido invariable en los últimos años. Los primeros ejecutivos han repetido una y otra vez que la fiscalidad es excesiva. No iba a ser una excepción el Summit organizado por la patronal DigitalES durante la pasada semana, en la que volvieron a reclamar la revisión del marco tributario. "El sector se queja de la fiscalidad; la fiscalidad es menos inversión, menos futuro y menos empleo", confirmaba el presidente de la organización y exministro de Defensa, Serra.
 

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