El Tribunal de Cuentas acaba esta semana su mandato 

18 de julio de 2021

El Tribunal de Cuentas concluirá su mandato el viernes, 23 de julio, sin que existan a corto plazo perspectivas para la renovación de sus consejeros y en plena polémica por la causa que ha abierto contra ex cargos de la Generalitat de Cataluña, lo que ha llevado tanto a los partidos independentistas como el propio Gobierno a cuestionar al fiscalizador.

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La renovación del tribunal requiere un consenso entre el Gobierno de coalición y el PP, como primer partido de la oposición, puesto que los candidatos necesitan el respaldo de 210 diputados. Y ahora ese pacto antoja aún más complicado después de que el fiscalizador se haya situado en el 'punto de mira' del independentismo por sus actuaciones para reclamar cantidades millonarias a ex altos cargos de la Generalitat por el dinero público supuestamente desviado para promocionar el proceso secesionista.

El tribunal, que ya condenó a varios altos cargos, entre ellos el expresidente Artur Mas por la financiación de la consulta soberanista de 2014, tiene abiertos expedientes contra más de 30 ex altos cargos del Govern por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat. En este procedimiento, les reclama una fianza global de 5,4 millones de euros en concepto de responsabilidad contable. El independentismo ha cargado contra la institución tachándola de "inquisición" e incluso el republicano Gabriel Rufián la definió de "chiringuito de 40 familias reaccionarias que llevan mandando 80 años en este país".
En este contexto, la semana pasada ocho partidos, en su mayoría socios del Gobierno, pidieron la creación en el Congreso de una comisión de investigación sobre la "neutralidad política" del tribunal en el desempeño de la función de enjuiciamiento de la responsabilidad contable.

ERC, Junts, el PDeCAT, el BNG, la CUP, Bildu, Más País-Equo y Compromís creen que el órgano ha podido incurrir en "irregularidades", piden que se aclaren las "conexiones y vinculaciones personales de los consejeros y su incidencia sobre el principio de independencia", así como la "naturaleza política de las acusaciones" que, a su parecer, se han dirigido contra los independentistas catalanes. En definitiva, buscan que el Congreso determine si el Tribunal tiene "legitimidad" y "competencia" para llevar a cabo estos procedimientos por responsabilidad contable, con qué "límites" debe desarrollar su función jurisdiccional, y si ha venido actuando con "sesgo ideológico".

Pero también desde las dos partes del Gobierno de coalición se han escuchado críticas contra el Tribunal de Cuentas. La titular de Igualdad, Montero, se mostró partidaria de "eliminar" todas las causas abiertas en este órgano contra políticos independentistas, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, llegó a calificarlas como "piedras en el camino" del diálogo que hay que "desempedrar", e incluso Sáncez hizo hincapié en que una de los consejeras fue ministra con José María Aznar, en alusión a Margarita Mariscal de Gante.
Además, el Gobierno ya ha dado a entender que la Abogacía del España no prevé sumarse a las exigencias del Tribunal de Cuentas alegando que, si efectivamente hubo desvío de dinero público, serían fondos de la Generalitat, no de la Administración General de Estado.

Por su parte, el PP, Vox y Ciudadanos ha rechazado los ataques al Tribunal de Cuentas, y avisan de que, tras los indultos, es "muy complicado" pensar en un acuerdo para renovar los órganos constitucionales en lo que queda de legislatura. Además, como la composición actual de estas instituciones procede de los años de mayoría del PP, los 'populares' aún dominan buena parte de ellas.

La legislación establece que los 12 consejeros que conforman el tribunal deben ser elegidos por el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos (210 diputados). Su mandato tiene una duración de nueve años y los elegidos designan a su vez al presidente a los responsables de las dos secciones.
La Presidencia del órgano fiscalizador se va renovando cada tres años entre los consejeros. Por eso, este mandato, que arrancó en 2012 comenzó con Ramón Álvarez de Miranda al frente de la institución y ahora el puesto lo ocupa María José de la Fuente y de la Calle. Esta institución se va a unir así al listado de órganos pendientes de acuerdo y cuyo mandato ya ha caducado: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo o la Agencia Española de Protección de Datos.

El que lleva más tiempo pendiente de renovación es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017 y para el que se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo. Ese resultado debe ratificarse en el Senado en un plazo máximo de 20 días.

Las negociaciones entre Gobierno y PP ya encallaron al renovar al CGPJ, cuyos integrantes deben contar con el apoyo de tres quintos del Congreso (210 diputados). El mandato del órgano de gobierno de los jueces, de cinco años, caducó en diciembre de 2018.
Entonces, el PP y el PSOE llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del 'popular' Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal "desde detrás".
El CGPJ lo componen 20 vocales, de los que doce son magistrados y jueces surgidos de un proceso de selección en la carrera judicial donde los precandidatos deben recabar avales de sus compañeros o de las asociaciones judiciales, aunque al final la última palabra la tienen los partidos. Los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria promovidos por los grupos parlamentarios.

La mitad de los 20 vocales se vota en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara. Y después esos consejeros eligen al presidente, un magistrado que a la vez presidirá el Tribunal Supremo y que habitualmente ha sido pactado por los grandes partidos. También está pendiente la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional, los cuatro miembros que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019. El presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento, que también exige un acuerdo amplio puesto que se necesita un apoyo de 210 diputados.

La Constitución establece que de los 12 miembros que integran el Alto Tribunal cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, que son los que ahora deben actualizarse; cuatro, por parte del Senado; dos, del Gobierno; y otros dos del CGPJ. Todos ellos son designados por un periodo de nueve años. Además, desde julio de 2019 está pendiente de renovar la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y su adjunto, que serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. El mandato de ambos puestos es de cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración. La actual directora es Mar España Martí, elegida en tiempos del Gobierno Rajoy.

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