Tras la negativa bancaria  los independentistas aportaran su bienes

20 de julio de 2021

La mayoría de los 34 ex altos cargos del Govern a quienes el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros de fianza por los gastos de promoción del "procés" en el exterior depositarán bienes y propiedades personales para cubrir al máximo la suma exigida dentro del plazo fijado, que vence mañana. 

Compartir en:



Así, los encausados en el Tribunal de Cuentas han optado por garantizar la fianza con su patrimonio personal, a lo que se sumaría el dinero recaudado en la llamada "caja de resistencia", puesto que el Govern no ha encontrado ningún banco para avalar esas cantidades y ha descartado hacerlo a través del Institut Català de Finances (ICF) para no comprometer a los profesionales de la entidad. En paralelo, los abogados de algunos de los encausados se plantean presentar alegaciones ante el Tribunal de Cuentas, lo que podría permitirles ganar unos días para depositar las fianzas, mientras el Govern sigue buscando una entidad bancaria que acceda a entrar en la operación, a través del Fondo Complementario de Riesgos creado por el ejecutivo catalán.

Todo ello se ha producido despes de que el conseller de Economía, Giró, haya admitido este martes que no han encontrado ninguna entidad financiera que haya aceptado avalar el fondo impulsado por la Generalitat para cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017.“Persistiremos en las diferentes vías abiertas”, ha subrayado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, después de que el Tribunal de Cuentas rechazara ampliar el plazo fijado para este miércoles para abonar dichas fianzas, que alcanzan los 5,4 millones de euros.

A principios de julio, la Generalitat aprobó la creación de un Fondo Complementario de Riesgos gestionado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), dotado con 10 millones de euros, que debía dar garantías a las entidades financieras para cubrir dichas fianzas y, en caso de que éstas se negaran a avalar, planteó hacerlo directamente a través del ICF; algo que ahora ha descartado para no poner “en peligro” a ningún trabajador público.
 

Compartir en:

Crónica económica te recomienda