La fiscalía abre diligencias a la Generalitat

28 de julio de 2021

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación sobre el aval prestado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) de la Generalitat a los encausados por el Tribunal de Cuentas por los gastos del procés

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El fiscal superior de Cataluña, Bañeres, ha incoado las diligencias tras una denuncia recibida por Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, y las ha remitido a la Fiscalía de Barcelona para que “practique las actuaciones procedentes para el esclarecimiento de los hechos”. En una votación que dividió al organismo, el ICF aprobó la semana pasada la concesión de un aval a los ex altos cargos de la Generalitat que están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas por la supuesta malversación de dinero público (5,4 millones) en gastos destinados a la promoción en el exterior del proceso independentista. Un total de 29 de los 34 responsables encausados por el órgano fiscalizador del Estado se acogieron a ese aval. El Tribunal de Cuentas ha expresado sus “dudas” sobre la “suficiencia y legalidad” de los avales del ICF y ha pedido un informe a la Abogacía del Estado antes de decidir si los acepta como fianza.

Tras la aprobación por parte del ICF, Ciudadanos presentó una denuncia en la que concluye que el aval del ICF —un mecanismo previsto en el decreto aprobado por el Gobierno catalán para salir en auxilio de los encausados— es una “operación fraudulenta”.

La denuncia se dirige también contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el consejero de Economía, Jaume Giró, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà. El fiscal superior de Cataluña ordena que se archive la denuncia sobre esas tres personas porque ya está examinando el tema el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dada la condición de aforados de los consejeros.

Giró ha lamentado lo que califica de un nuevo intento de “judicializar la política”, informa Camilo S. Baquero. “Respeto absoluto a todos, incluso a los partidos políticos que quieren sacar rédito político del sufrimiento de las personas. Ya estamos acostumbrados”, ha asegurado en una rueda de prensa. Giró ha vuelto a insistir en la legalidad del decreto ley promovido por su departamento, que este viernes se ha de convalidar en el Parlament. La norma está pendiente de un informe de constitucionalidad, no vinculante, del Consejo de Garantías Estatutarias.

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