Fernandez Diaz investigado

29 de julio de 2021

El magistrado García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, ha propuesto enviar al banquillo a la cúpula política y policial del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2015) por la operación de espionaje a Bárcenas-

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Por otra parte, García-Castellón archiva las pesquisas contra Cospedal, y su marido, López del Hierro, por la “debilidad” de los indicios contra ellos. Ambos se encontraban imputados hasta ahora y la Fiscalía Anticorrupción los señala como la otra pata que ordenó este despliegue irregular.
Tras cerca de tres años de investigación, García-Castellón considera que ya tiene suficientes pruebas para enviar a juicio al núcleo duro de Interior por una operación pagada con fondos reservados y hecha a espaldas del juez Ruz, que investigaba la financiación ilegal del PP dentro del sumario abierto por el caso Gürtel. El magistrado concluye en su escrito que todo el grupo de policías y ex altos cargos se movía con idea de “acceder a documentación e información en poder de Bárcenas para desviarla del proceso judicial en curso”. Este era, incide el auto, “el vector” en común de los implicados y “el fundamento de la operación”. “Y existen indicios que permiten sostener que se materializó el acceso a la información que guardaba el [extesorero]”, remacha el instructor.

Con esta iniciativa, García Castellón, titular del juzgado Central de Instrucción 6, deja a un paso del banquillo a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior cuando se desarrolló Kitchen —entre julio de 2013 y julio de 2015—; a su número dos, Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, y a parte de la cúpula policial de entonces: desde el director adjunto operativo del Cuerpo, Eugenio Pino, hasta el comisario José Manuel Villarejo, imputado en una treintena de investigaciones donde se le acusa de dirigir una mafia policial que delinquió para favorecer a particulares, empresarios y al PP.

El magistrado también señala entre los supuestos culpables de Kitchen al comisario Andrés Gómez Gordo, asesor durante años de Cospedal en su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha. Sin embargo, la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa evita, de momento, el banquillo. A través del mismo auto de procesamiento, contra el que cabe recurso, el juez archiva la causa abierta contra ella y su marido, Ignacio López del Hierro. Este empresario, al igual que Cospedal, mantuvo un contacto permanente con el comisario Villarejo, que le contaba detalles de investigaciones abiertas que se encontraban secretas y que, incluso, desconocía el entonces juez instructor.

La investigación del caso Kitchen arrancó en noviembre de 2018 tras llegar a la Audiencia Nacional un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía sobre los audios y documentación encontrados al comisario jubilado José Manuel Villarejo que evidenciaban la puesta en marcha de la trama de espionaje, que incluyó la captación como confidente del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, a quien se pagó con fondos reservados. Desde entonces, las pesquisas han ido escalando, señalando primero a la cúpula policial de Rajoy, después a los máximos responsables del Ministerio del Interior y, finalmente, a la propia dirección del PP. De hecho, en un reciente informe, el principal investigador del caso Gürtel ponía el foco en el partido y concluía que Kitchen tenía por objetivo “desactivar” las pesquisas judiciales contra los populares.

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