BBVA condenado por usurero en contra del Estado

19 de agosto de 2021

BBVA tendrá que reintegrar al erario público 2,8 millones de euros por intereses cobrados en exceso al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores del Estado, el instrumento de emergencia puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 para sufragar el pago de la losa de más de 40.000 millones en facturas sin pagar que acumularon las Administraciones Públicas durante los años de la gran crisis financiera y que amenazaban con llevar a la quiebra a una parte del sector público.

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El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Madrid ha atendido de forma parcial la demanda presentada por cobro indebido y enriquecimiento injusto por la Abogacía del Estado contra la entidad ahora presidida por Torres - en aquellos años por Francisco González-, en la que se le reclamaban cerca de 12 millones de euros por lo que se entendía como unos cargos abusivos en concepto de comisiones e intereses al Fondo de Pago a Proveedores creado por el Gobierno, según se explica en el informe de cuentas anuales del Fondo de Financiación de las CCAA de 2020.

La sentencia ha aceptado la argumentación de la Abogacía del Estado en relación al importe excesivo de los intereses cobrados por el banco al Estado por determinados movimientos realizados en el marco del préstamo acordado con BBVA para financiar el Fondo, pero no lo ha hecho así en el caso de las comisiones que los servicios jurídicos del Estado también han señalado como excesivas siguiendo el criterio sentado por los auditores de la Intervención General del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda, que ya pusieron de manifiesto esta situación en su auditoría sobre las cuentas del Fondo correspondiente al ejercicio de 2013.
La IGAE elevó un informe adicional de auditoría a las cuentas de 2013 del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores para llamar la atención sobre lo que observaba como "pagos excesivos de comisiones de corretaje y sus intereses devengados", que según los auditores del Estado deberían haber dado lugar a la cancelación anticipada del préstamo.

El litigio judicial planteado por la Abogacía del Estado contra BBVA se ha resuelto por tanto en este 'primer asalto' con un saldo favorable al Estado por un importe aproximado de tres millones de euros frente a los cerca de 12 millones de euros en total que reclamaba a la entidad. El Ministerio de Hacienda informa, no obstante, en las cuentas anuales del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas de que BBVA ha recurrido la sentencia, lo que augura un nuevo pulso jurisdiccional en otra instancia superior. Nada se dice sin embargo de si la Abogacía del Estado, que tampoco ha visto cubiertas sus pretensiones, hará lo propio.

Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy decidió allá por 2012 que tenía que habilitar una estructura financiera para saldar las gravosas cuentas pendientes del sector público con sus proveedores de bienes y servicios, se dio cuenta de que no podía hacerlo sin el respaldo de las entidades financieras. Necesitaba una cantidad próxima a los 40.000 millones de euros y el presupuesto del Estado solo podía comprometer unos 6.000 millones. Con los mercados de capitales cerrados o carísimos para tratar de financiar el instrumento con emisiones de deuda, el Gobierno optó por constituir un Fondo que canalizara la financiación necesaria para sufragar las operaciones a concertar para cubrir las operaciones pendientes de pago.
El Gobierno tuvo que girar la mirada hacia los bancos, que le exigieron como contrapartida a su participación en el instrumento que los préstamos concedidos al Fondo pudieran ser utilizados como garantía en operaciones de política monetaria ante el BCE. El asunto derivó en un préstamo sindicado de 30.000 millones de euros en el que participaron los principales bancos españoles, en un acuerdo marco para regular las condiciones de utilización de esos fondos y en una estructura jurídica ideada 'ad hoc' para que éstos pudieran ser utilizados como garantía ante el BCE, lo que obligó a que cada disposición de fondos para atender deudas de las administraciones públicas constituyera un préstamo independiente...

La cosa se enrevesaba más todavía en la práctica ya que en ocasiones los pagos de las facturas pendientes se hacían de forma directa con recursos del Fondo y en otras a través de acuerdos entre las partes con el apoyo de una entidad financiera, la intermediación del ICO y bajo el amparo del Fondo. Un lío de mucho cuidado.
Pese a todo, a su liquidación en julio de 2014 - que se tradujo en la integración de los fondos recibidos por comunidades autónomas y entidades locales en los Fondos de Financiación creados al efecto - el Fondo para la Financiación de los Pagos a los Proveedores sufragó facturas pendientes de pago por un monto total de 41.814 millones de euros y cumplió con el objetivo que se le encomendó para evitar la quiebra de miles de proveedores de las Administraciones Públicas y también para evitar una oleada de demandas de responsabilidad patrimonial que podrían haber llevado a algunas comunidades autónomas y entidades locales a una situación de quiebra total.
 

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