LEY CONCURSAL:  Los economistas denuncian los privilegios de Hacienda

26 de agosto de 2021

El Registro de Economistas Forenses (Refor), del Consejo General de Economistas (CGE), critica que el anteproyecto de ley de reforma concursal no solo no merma los privilegios para el cobro a los deudores de los créditos públicos (Hacienda y Seguridad Social) sino que los aumenta. 

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En las alegaciones al texto del anteproyecto, cuya fase de audiencia pública finalizó ayer, afirma que “resulta especialmente relevante la decisión de potenciar los privilegios de los créditos públicos en cada una de las modalidades de procedimientos por los que puede optar el deudor”, sobre todo “cuando se trata de procedimientos de liquidación en cualquiera de sus extremos”.
Los economistas forenses añaden que es “paradigmática la redacción de los artículos 691 bis y ter en la que el privilegio se potencia por la vía de exclusión de las quitas y esperas del crédito público incluso aunque sea ordinario o subordinado”. La determinación de que sea obligatoria la liquidación cuando el deudor no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social representará, según creen, “un bloqueo prácticamente insalvable”. El Refor subraya que la tendencia es igualar el crédito público al privado ante la insolvencia del deudor, “puesto que cualquier privilegio en situaciones de escasez supone en realidad una apropiación de los derechos de los demás acreedores para los empresarios que pretendan un plan de continuación”. Lo que hace el texto de la reforma va, entonces, en contra del criterio general, señalan los economistas. Éstos sugieren como modificación que la exoneración del crédito público debe alcanzar, al menos, el período de liquidación corriente más los dos anteriores.

El CGE considera que la reforma de la ley concursal en vigor es “un avance en líneas generales” puesto que traspone la directiva europea sobre insolvencias y reestructuración y que “incluye algunas mejoras importantes”. Aún así, califica esta trasposición de “sui generis”. La norma no atiende, en su opinión, a dos cuestiones en las que insiste la directiva y que ellos reclaman: la alerta temprana y el mecanismo de venta exprés de unidades productivas de las empresas.
En el primer caso, lamentan que no se regulen ya los criterios para establecer los riesgos de insolvencia en los que puede estar cayendo una empresa, lo que se conoce como alerta temprana. El texto de alegaciones menciona como cuestiones a tener muy el sobreendeudamiento, las licitaciones públicas, las subvenciones o las solicitudes de ERTE. El anteproyecto solo dedica una disposición final para posponer un año el desarrollo por parte de varios ministerios de dicho mecanismo.
Igualmente, se quejan de que tampoco se desarrolla como debería el prepack o venta de unidades productivas en el momento de la comunicación de insolvencia, lo que, a su juicio, sirve para evitar liquidaciones. Entienden que es “imprescindible la intervención de un experto en reestructuración que emita un informe de valoración de la unidad productiva”.

En lo referente al procedimiento especial para micropymes que fija el anteproyecto, el Refor cree que “un acierto” incluirlo. Pero aquí también alega que debería hacerse mejor, puesto que se trata de un sistema muy digitalizado que debería atender a la realidad de la brecha digital que existe en nuestro país y a la situación de los juzgados. Por ello, recomienda que este procedimiento especial debería esperar a entrar en vigor cuando el sistema “se haya testado suficientemente”.

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