El CSD pide un informe sobre la asociación de LaLIga con CVC

26 de agosto de 2021

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha activado su maquinaria jurídica ante la sucesión de acontecimientos que ha desencadenado el anuncio de ´LaLiga Impulso´, un proyecto que, entre otras cosas, ha desatado una batalla legal entre el Real Madrid y el presidente de la competición, Tebas. 

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El organismo dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte solicitó, en la primera quincena de agosto, un informe a la Abogacía del Estado en el que se reconozca o rechace la legalidad del acuerdo impulsado por Tebas y el fondo británico CVC.
El organismo que ahora preside el ex delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco ha evitado pronunciarse públicamente sobre la operación que han respaldado 38 de los 42 clubes de la competición. Según el acuerdo, la firma de capital riesgo que lidera en España de Jaime inyectará alrededor de 2.100 millones de euros a LaLiga a cambio de la cesión, a lo largo de los próximos 50 años, de un 10,95% de los derechos económicos de la explotación de la misma. Las cláusulas de la transacción permiten suponer que, de llegar a buen puerto, el fútbol español quedará marcado por los efectos de este pacto, como poco, durante el próximo medio siglo.
Precisamente, ante la envergadura del acuerdo y como órgano supervisor de LaLiga, el Consejo Superior de Deportes ha preferido conocer la opinión de la Abogacía del Estado antes de hacer pública la suya. Las fuentes consultadas aseguran que el objetivo que persigue el organismo estatal con este trámite es actuar con el más escrupuloso respeto al marco normativo vigente, asumiendo la función de arbitraje y defensa de los intereses de las instituciones deportivas que le otorga la ley. Contactado por este medio, el organismo público ha declinado hacer declaraciones.

Hay antecedentes. En febrero de 2020, cuando Irene Lozano aún presidía el CSD, este pidió opinión a los servicios jurídicos del Estado en relación al adelanto electoral en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que había solicitado la institución a instancias de su presidente, Rubiales. En esa ocasión, la Abogacía del Estado tardó casi un mes en emitir un informe favorable al adelanto de esta cita con las urnas, en la que Rubiales iba a enfrentarse al exjugador del Real Madrid, Iker Casillas. 
El detonante que ha llevado al CSD a recurrir a la Abogacía del Estado ha sido la judicialización del proceso. El Real Madrid pasó al ataque antes de la Asamblea de LaLiga del pasado 12 de agosto. La Junta del club blanco acordó llevar a cabo "las acciones legales de todo tipo" para neutralizar los posibles acuerdos adoptados en la citada reunión. La Asamblea de la competición se saldó con el apoyo mayoritario al acuerdo con CVC, a excepción de tres votos en contra reconocidos, los de Real Madrid, Barcelona y Athletic de Bilbao, y la no presencia del Oviedo. 

El fondo de capital riesgo y LaLiga modificaron las condiciones de la operación para frustrar, a su vez, la intención de Florentino Pérez de pedir medidas cautelares ante las pérdidas patrimoniales que, según el club blanco, acarrearía el citado canje para el Real Madrid. Este movimiento por parte del club madrileño podría haber evitado la entrada en vigor del acuerdo, que entonces cifraba la inyección de CVC en 2.700 millones, pese a su aprobación en la Asamblea. Para evitar el frente judicial, LaLiga y el fondo británico incluyeron una nueva cláusula que eximía a cualquiera de los clubes de suscribir el acuerdo si así lo decidía.
Los cuatro clubes que se mantienen al margen del acuerdo no recibirán capital de CVC pero tampoco verán afectados sus derechos económicos, dado que LaLiga seguirá gestionando de forma centralizada la venta de derechos televisivos. Al quedar estos clubes excluidos de la transacción, CVC rebajó su inyección de capital en alrededor de 600 millones, la parte proporcional a la merma que sufrirá por este hecho el margen bruto del negocio audiovisual de LaLiga que recibirá anualmente la gestora de private equity. 

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