Garzon presiona al CGPJ

27 de agosto de 2021

El dictamen de la ONU acerca de que el Tribunal Supremo vulneró los derechos de Garzón al apartarle de la carrera judicial abre un nuevo frente en relación a su futuro más inmediato. El ex juez, ya ha anunciado que pedirá su reingreso a la carrera judicial, lo cual no está nada claro

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Sin embargo, la respuesta dependerá de si lo estipulado por el organismo internacional es o no vinculante y la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Supremo apunta en la dirección contraria. Así, por ejemplo, en mayo de 2019, un grupo de trabajo de este órgano internacional tildó igualmente de "arbitrarias" las detenciones de los líderes del procés (juzgados y condenados por la deriva independentista de Cataluña) y pidió su inmediata excarcelación. La ONU alegó que con la prisión provisional acordada tras las detenciones en noviembre de 2017 se les estaba privando de sus derechos fundamentales. Los magistrados de la Sala de lo Penal al frente de la causa declinaron poner en libertad a los investigados razonando que no estaban obligados a cumplir con sus alegaciones. De hecho, incluso apuntaron que el Tribunal de Estrasburgo tampoco reconocía esta condición al grupo de trabajo que se pronunció en contra de prorrogar la prisión a los implicados en el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Frente a esta jurisprudencia se encuentra una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo de julio de 2018 que reconoció la obligación del Estado de indemnizar a la madre de una niña que fue asesinada por su progenitor. El fallo sí que otorgó validez a los pronunciamientos de otro Comité de la ONU que concluyó que España debía compensar a la víctima por "incumplir sus obligaciones". "Aunque ni la convención ni el Protocolo regulan el carácter ejecutivo de los dictámenes, no puede dudarse que será obligatorio para el Estado parte que reconoció", concluyó el fallo.
Con todo, el exjuez ya ha valorado la resolución. El magistrado explicó en sendas entrevistas a Infolibre y El País que se sentía satisfecho con la resolución y que siempre creyó que actuó de manera correcta. Garzón, que creó su propio despacho de abogados desde donde ha ejercido la defensa de Helvé Falciani o gran parte de los mandos policiales imputados en el caso Villarejo, también adelantó que pediría volver a la carrera judicial a la que perteneció durante 31 años. Se trata de un trámite que pasa necesariamente por el Consejo General del Poder Judicial.

 

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