Congelados los embargos del TC a los imputados del ´procés´

03 de septiembre de 2021

El Gobierno ha demostrado que no tiene prisa para que la causa del Tribunal de Cuentas por la acción exterior de la Generalitat en favor de procés avance.  La Abogacía General del Estado sigue sin entregar el informe reclamado por el órgano fiscalizador para que se pronuncie sobre la legalidad e idoneidad de los avales presentados por el Institut Català de Finances (ICF) para sortear el embargo de 5,4 millones de euros.

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Fuentes del órgano reconocen que la delegada instructora está pendiente del informe reclamado a los servicios jurídicos del Estado para proceder en su caso al embargo de cuentas y bienes de la treintena de ex altos cargos de la Generalitat implicados en la causa fiscalizadora.

El Tribunal de Cuentas sospecha que durante años, el gobierno catalán utilizó fondos de manera inadecuada en el exterior para publicitar el procés . La cantidad estimada ha sido de 5,4 millones de euros, que han tenido que aportar entre todos, entre ellos, los dos expresidents Artur Mas y Carles Puigdemont. Se trata de una fianza preventiva, a la espera de que se celebre el juicio y determine si efectivamente se utilizó ese dinero público de manera errónea. Se trata únicamente de una causa contable, con lo que no conlleva acusaciones penales, sino una devolución económica del dinero utilizado. El problema que se encontraron los encausados era la elevada cuantía exigida. Eso provocó que desde el Govern se buscara una solución para hacer frente al pago a través de avales y evitar así embargos. Inicialmente buscaron algún banco que entregara la cantidad, pero no se logró cerrar ningún acuerdo.
En el último momento, se optó por aprobar un aval a través del ICF, una medida controvertida que ha puesto en alerta al propio tribunal. La razón es que se trata de dinero público de la Generalitat. Hay voces en el órgano que consideran que puede existir un fraude de ley porque en última instancia el Gobierno catalán es el perjudicado de la causa contable. Aunque la Generalitat no se haya personado en la causa, la Fiscalía sí defiende sus intereses al tratarse de fondos públicos.

Sin embargo, la Abogacía del Estado ha preferido mantenerse al margen. Justo después de que el Ejecutivo firmara los indultos a los líderes del procés condenados por sedición, entre ellos el del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, el equipo de Pedro Sánchez quiso dejar constancia de que no formaría parte de una persecución activa a las finanzas de los líderes independentistas. Desde el Govern, la causa contable por la acción exterior la consideran un nuevo ataque al independentismo, ahora, atacando a la economía de sus dirigentes. El Consell de Garanties Estatutàries apoyó por unanimidad el aval del ICF
Siendo todavía Juan Carlos Campo ministro de Justicia, ya anunció que los servicios jurídicos del Estado se abstendrían de emprender acciones en el Tribunal de Cuentas. Quedó patente que el Gobierno central se mantendría al margen dentro del pacto no escrito con la Generalitat para mantener las buenas relaciones.

Pero su plan ha sido trastocado por la funcionaria que instruye la causa. Antes de decidir si admite el aval presentado in extremis por el ICF, solicitó un informe a la Abogacía del Estado. El letrado del asunto se abstuvo de dar una respuesta y ha pasado la pelota a la abogada general del Estado, Consuelo Castro, que tendrá que pronunciarse sobre la posible incursión en un fraude de ley. El Consell de Garanties Estatutàries dio un espaldarazo al aval, al afirmar por unanimidad que se acoge a la Constitución y al Estatut. Este informe podría ser el salvoconducto de la abogada general para salir airosa en su respuesta al ­tribunal.

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