TS: los indultos a los líderes del procés no fueron "injustos"

23 de septiembre de 2021

El Tribunal Supremo ha confirmado que no se puede perseguir penalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la concesión de los indultos a los líderes del procés. Se trata de una medida de gracia que concedió el Gobierno y por tanto no es perseguible penalmente. 

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Así lo refleja en un auto por el que se inadmite una querella por un delito e prevaricación. La Sala de lo Penal del alto tribunal explica que esta decisión no puede considerarse prevaricadora porque “se ha ejercido por quien es competente el derecho de gracia previsto legalmente, sin que por ello pueda afirmarse su injusticia o arbitrariedad". 
Los indultos tienen otros mecanismos para ser revisados y es a través de recursos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, tal y como ha ocurrido en este asunto y que están pendientes de resolverse. Lo que hace esta Sala es revisar si la medida de gracia cumplió los requisitos fijados por ley. Pero tal y como explica ahora esta resolución, la vía no es en ningún caso la penal.

“El propio querellante reconoce la legitimidad del Gobierno para otorgar indultos totales o parciales a los condenados por los tribunales penales, y que se han cumplido los trámites del preceptivo informe del tribunal sentenciador y del ministerio fiscal”, sostiene el Supremo. En el auto, se recuerda que el indulto, como afirma el Tribunal Constitucional, es una medida de gracia que implica extinción total o parcial de la responsabilidad criminal, resolviéndose conforme a criterios gubernativos discrecionales (tales como "la justicia", "la equidad", "la utilidad pública" o "los méritos suficientes") sin perjuicio de su motivación.
Así recuerda que la doctrina señala que las decisiones que se adopten al respecto no son fiscalizables por parte de los órganos jurisdiccionales. “Ciertamente, el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso Administrativo) ha admitido la posibilidad de ejercer cierto control”, una vez que cuya concesión o denegación se atribuye al Consejo de Ministros, siendo ésta jurisdicción competente para conocer de la decisión que ese órgano adopte

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