Fiscalía Anticorrupción abre diligencias para analizar el contrato

22 de febrero de 2022

Fiscalía Anticorrupción ha acordado abrir diligencias de investigación para analizar el contrato público vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, para la adquisición de mascarillas en abril de 2020, uno de los momentos más duros de la crisis sanitaria derivada de la covid-19.

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El Ministerio Público analizará cómo se adjudicó dicha licitación por el importe de 1,5 millones de euros a una empresa de un amigo de la familia y si en él medió la mandataria regional, según han informado fuentes fiscales.
Anticorrupción ha incoado estas diligencias después de que el pasado viernes PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid presentaran denuncias ante la Fiscalía reclamando una investigación sobre dicho contrato. Todo ello después de que un día antes se revelara que desde la dirección nacional del PP se habría intentado espiar al entorno más cercano de Díaz Ayuso -lo que ha provocado una crisis interna en el partido- para comprobar si su hermano, Tomás Díaz Ayuso, había cobrado una comisión de 280.000 euros por mediar en la licitación adjudicada a Priviet Sportive SL, sociedad administrada por Daniel Alcázar Barranco, residente en Sotillo de la Adrada (Ávila), pueblo en el que veranea la familia de la presidenta regional.

El decreto firmado por el fiscal jefe Anticorrupción, Luzón, este martes, explica que es necesaria abrir una investigación preliminar -lo que no supone en ningún caso la judicialización del asunto- para poder esclarecer los hechos que se relatan en las denuncias, ya que en ellas "si bien no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación y del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid". Así, para poder "confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados" a través de la toma de declaraciones o requerimientos, por ejemplo, es procedente incoar diligencias.
De hecho, Luzón señala en su escrito que la incoación de las diligencias se justifican en "la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución, conforme a sus artículos 103 y 106"; y en segundo lugar, "por la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias, que se refieren a la, sin duda, necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña".

 

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