La justicia respalda a Sol Daurella en su batalla contra Hacienda

23 de noviembre de 2021

La Audiencia Nacional ha estimado recientemente el recuso contencioso-administrativo presentado por la empresaria catalana contra una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).

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En su dictamen de junio de 2018, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda reclamaba a Daurella una regulación fiscal millonaria por no haber tributado correctamente las liquidaciones correspondientes al Impuesto de Sociedades de 2010 en la firma inmobiliaria Daurin, una de las sociedades que gestiona.
El pago total requerido por Hacienda era de 5,9 millones de euros, correspondientes a la deuda pendiente y a los intereses de demora. Cantidad que la presidenta de la embotelladora de Coca-Cola se vio obligada a abonar en 2015 a raíz de una inspección fiscal, pero decidió presentar recurso ante el TEAC después de firmar en disconformidad las actas levantas por los inspectores.

El fisco le reclamaba una regulación fiscal por las liquidaciones correspondientes al Impuesto de Sociedades de 2010
El conflicto se había iniciado el año anterior, en 2014. En concreto, lo que motivó las regularizaciones fue la absorción de las sociedades Anforis, Guils, Mapa y Vinda por parte de Daurin. Una fusión con la que buscaba acogerse al régimen de neutralidad fiscal, el cual permite en determinados supuestos transmitir a la entidad absorbente las pérdidas generadas en años anteriores. Según los seis acuerdos de liquidación dictados por la Agencia Tributaria, en los que justificaba hechos como que se habían aumentado las bases declaradas para incurrir en deudas antes de la operación, no se daban las condiciones para que la operación pudiera considerarse realizada por motivos económicos válidos.

Como consecuencia de este veredicto, que denegaba la aplicación del régimen de neutralidad fiscal, Hacienda decidió regularizar la inspección del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2010 en cada una de las sociedades absorbidas, al entender que se habían producido ganancias patrimoniales como consecuencia de la transmisión de sus activos y pasivos a Daurin. Tras hacer sus cálculos, realizó una valoración que elevaba a 4,9 millones de euros la deuda a ingresar por Daurella. Decisión que fue avalada por el TEAC.
La empresaria se negó a dar por bueno este primer fallo y elevó su caso a la Audiencia Nacional. En sus alegaciones al recurso, Hacienda defendía la sanción impuesta porque, "aunque la fusión globalmente pudiera parecer justificada a nivel económico", en realidad la finalidad era otra. "Exclusivamente el motivo es fiscal", llegaba a señalar en referencia a una clara intencionalidad de rebajar la carga administrativa . Interpretación no compartida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que en una sentencia a la que ha tenido acceso La Información aprecia la existencia de una motivación económica en la operativa de reestructuración.

Tras estudiar los distintos argumentos impugnatorios y de oposición desplegados por ambas partes durante el proceso judicial, concluye que tanto la contundencia de los datos económicos en los años siguientes a la fusión, en los que se realizaron varias inversiones en el mercado inmobiliario, como el hecho de que la viabilidad de las sociedades por separado era casi nula, muestran la "razonabilidad de la operativa en sus diversas actuaciones". Dictamen que deja sin efecto esta regulación fiscal y, salvo que decida acudir al Tribunal Supremo, condena a Hacienda a la devolución de los 5,9 millones desembolsados en su día por Sol Daurella.

Este respaldo de la justicia contrasta con el revés que sufrió la familia Daurella en 2017, cuando Mercedes Daurella aceptó una pena de dos años de cárcel por defraudar 1,5 millones de euros a Hacienda entre 2011 y 2013 simulando su residencia en Mónaco. En el acuerdo de conformidad alcanzado con la Fiscalía, también asumió una multa de un millón de euros, cantidad correspondiente al 65% de la cuota que defraudó utilizando dos sociedades instrumentales domiciliadas en el extranjero para ocultar su titularidad sobre bienes y derechos y de las rentas que obtenía.

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