La Fiscalia sigue con su persecución contra Rato

19 de noviembre de 2021

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato será juzgado por más delitos fiscales de los 11 por los que fue procesado en la causa en la que se ha investigado el origen de su patrimonio. La Audiencia Provincial de Madrid ha dado parte de la razón a la Fiscalía Anticorrupción y ha incluido en el procesamiento un delito contra la Hacienda Pública cometido presuntamente en el ejercicio 2005, y ha ordenado la corrección de la cuantía supuestamente defraudada en 2010 y 2011, que el juez instructor Antonio Serrano-Arnal cifró en una cantidad menor.

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La Sección 23 de la Audiencia ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Ministerio Público contra el auto dictado el pasado 23 de marzo, por el que el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid acordó la conclusión de la investigación del denominado 'caso Rato' y propuso juzgar al también expresidente de Bankia, entre otros, por delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y fiscales por, presuntamente, haber repatriado a España casi ocho millones de euros desde paraísos fiscales mediante un entramado societario. Según Anticorrupción, Rodrigo Rato habría ocultado al fisco más dinero del que se señaló en dicha resolución, por lo que afeó al juez Serrano-Arnal haber incurrido en "omisiones" graves, al no reflejar cifras reveladas en un informe elaborados por expertos fiscales de la Fiscalía.


El ex ministro de Economía Rodrigo Rato a su llegada a los Juzgados de Plaza Castilla, a 11 de junio de 2021, en Madrid, (España). Rato se sienta en el banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio. La Fiscalía Anticorrupción reclama 70 años de cárcel para Rato por dichos delitos.
Tras analizar los argumentos de la Fiscalía, que solicita para Rato hasta 70 años de cárcel, los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid han considerado oportuno incluir en los delitos contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos en el ejercicio de 2005, "y a considerar que también en los ejercicios de 2010 y 2011 se superó la cuantía de los 120.000 euros defraudada", que el juez instructor cifraba, "siguiendo los criterios de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude)" en una cifra menor.

La Sección 23 explica en un auto dictado el pasado 12 de noviembre que "de no estimarse el recurso tendríamos la incoherencia" de que se el pasado mes de junio, el magistrado instructor decidió sentar en el banquillo de los acusados al exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) por once delitos contra la Hacienda Pública, "sin que el relato de los hechos recoja correctamente el soporte de dicha acusación", tanto "en el incremento de bases y cuotas defraudadas como en el detalle de las posteriores operaciones de blanqueo referidas a esas cuotas eludidas, como a las ilícitas comisiones derivadas del delito de corrupción en los negocios".

En cualquier caso, la Audiencia de Madrid afirma que "el relato fáctico propuesto por el Ministerio Fiscal completa y mejora la redacción del recogido por el juez instructor", pero incide en que "en ningún caso extravasa o amplía el objeto de investigación judicialmente delimitado durante la fase de instrucción y que hacía referencia a todos los posibles delitos contra la Hacienda Pública no prescritos, actividades de blanqueo procedentes de delitos fuente o precedentes, como eran las cuotas tributarias previamente defraudadas y las comisiones obtenidas por el delito de corrupción en los negocios”.

De hecho, el auto afirma que el juez Serrano-Arnal "ha hecho un esfuerzo por definir unos hechos de elusión complejos por el entramado societario impuesto", pero destacan que ello no impide que la acusación, en este caso la Fiscalía, pueda intentar acreditar en el acto del juicio la existencia de unas cuotas defraudadas más elevadas "dimanantes del afloramiento de incrementos patrimoniales no justificados y rendimientos de capital mobiliario, derivados de fondos no declarados y deslocalizados en el exterior”. Entrando más en el detalle, los magistrados coinciden con Anticorrupción en que la ONIF, a la hora de sacar conclusiones sobre las actividades fiscales de Rato, no han considerado el impacto de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la amnistía fiscal de 2012, a la que se acogió el exministro de Economía, que además, según indican, se podría considerar errónea o incompleta”, al no haberse minorado base imponible alguna como consecuencia de ella. Así las cosas, la Audiencia Provincial recalca que existen discrepancias esenciales sobre la cuantificación de las cuotas defraudadas en los informes elaborados por la ONIF y por los expertos de la Fiscalía.

Además de estimar parcialmente el recurso de la Fiscalía, la Audiencia Provincial ha estimado los recursos de los investigados Miguel Robledo Gómez, Beatriz Colomer García y Domingo Plazas Abogados SLP, y ha acordado el sobreseimiento provisional y parcial de ellos en la causa. En el caso de los dos primeros, los magistrados entienden que se trata “de figuras subalternas o subordinadas, con una actuación difusa e imprecisa” en los hechos investigados, ya que actuaron a las órdenes de los también acusados Fernando Norniella y Alberto Portuondo. Por tanto, concluyen que estos investigados no se les puede situar "en el conocimiento cabal y dentro del núcleo de decisión" sobre el hecho controvertido que es la negociación paralela de Albisa con Publicis y Zenith -las dos últimas empresas que desarrollaron las campañas publicitarias sobre la salida a bolsa de Bankia y los valores de la entidad-, y más aún con Kradonara, sociedad de Rodrigo Rato.

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