Aena contra el Congreso por los alquileres de sus tiendas

22 de octubre de 2021

Aena unas semanas después de recibir la orden del Congreso de rebajar las rentas mínimas garantizadas en función del porcentaje de caída del tráfico en cada uno de ellos, ha solicitado en el juzgado de primera instancia número 47 de Madrid que plantee una cuestión de inconstitucionalidad.

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Esa acción, por la que los abogados de Aena demandarán a los jueces de cada uno de los procesos abiertos que eleven la cuestión de inconstitucionalidad, promete alargar los fallos sobre las rentas que finalmente deben afrontar los operadores comerciales.

Fue el 23 de septiembre cundo una amplia mayoría en el Congreso avaló una enmienda en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, procedente del Senado, por la que se recortaban aún más las citadas rentas mínimas anuales garantizadas (RMAG) por el alquiler de espacios comerciales. Se trataba de la respuesta de la Cámara Baja al momento crítico que atraviesan los comerciantes y hosteleros por el derrumbe del tráfico aéreo y la falta de clientes en sus establecimientos. Aena cuantificó en 1.500 millones de euros el golpe en sus ingresos hasta 2025 y dejó abierta la puerta a posibles acciones legales.

La enmienda obliga a Aena a suprimir la RMAG que debían pagar los arrendatarios entre el 15 de marzo y el 20 de junio de 2020, y que a partir de esa fecha ese alquiler mínimo quede “automáticamente reducido en proporción directa al menor volumen de pasajeros en el aeropuerto donde se ubique el local respecto al volumen de pasajeros en ese mismo aeropuerto en 2019”. Un ajuste que perduraría hasta la recuperación del tráfico y que también se aplicaría a quienes firmaron un acuerdo de rebaja con Aena.

La empresa que preside Maurici Lucena defiende ahora que se ha producido una infracción de la tutela judicial efectiva y del principio de igualdad al tratarse de una ley creada contra el interés particular de una empresa favoreciendo a una de las partes en un conflicto judicial. La compañía también ha venido hablando de "expropiación legislativa". Entre las salidas desde el punto de vista jurídico figuraban la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, posiblemente a través del Grupo Socialista, o motivar que un tribunal plantee cuestión de constitucionalidad.

Para el cálculo de la pérdida de ventas, el operador aeroportuario contabilizó el tráfico real de 2020, la previsión para este 2021, y la evolución esperada entre 2022 y 2026 (fijada en el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria), año en el que se prevé alcanzar de nuevo el tráfico de 2019. La nueva ley se imponía a los contratos firmados entre Aena y sus inquilinos, basados en el cobro de un variable sobre las ventas, tomando como referencia mínima garantizada la citada RMAG. Aena declaró un desplome del volumen de pasajeros del 72% en 2020, cuota que se mantuvo en el primer semestre de 2021 respecto al mismo periodo de 2019. Ese porcentaje es superior al que Aena había ofrecido minorar su renta mínima garantizada.
Fue la publicación del Real Decreto Ley 35/2020 de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio, la que movió a la pública a lanzar una oferta que suponía un ajuste medio del 60% en los alquileres para todos sus arrendatarios: una quita del 100% en la RMAG para los meses del primer estado de alarma (como también marca la enmienda), y del 50% hasta septiembre de este 2021. Ya este octubre volvía a cobrarse el 100%.

Esa propuesta no convenció a las cadenas más grandes, como Dufry, Áreas y SSP, que aseguraban tener ofertas más generosas de Aena antes de la publicación del citado Real Decreto Ley 35/2020. De los 120 inquilinos, el 65% de los contratos aceptó la rebaja, pero suponen el 13% de las RMAG. Dufry tiene contratos de alquiler que suman el 54% de la RMAG que cobra Aena, Áreas acumula el 15% y SSP, un 6%.

 

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