El TSJC deja a un paso del juicio a Torrent y a otros ex miembros de la Mesa

12 de noviembre de 2021

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya considera que existen "indicios" de que el ex presidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Torrent, y los ex miembros de la Mesa de la cámara catalana de JxCat y ERC, Costa, Campdepadrós, actual secretario de la administración de Justicia de la Generalitat, y Delgado, cometieron presuntamente un delito de desobediencia por haber tramitado en noviembre de 2019 resoluciones a favor de la autodeterminación y de reprobación de la monarquía cuando el Tribunal Constitucional las había suspendido.

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En su auto, el TSJC consideran que tras la investigación del procedimiento hay un "conjunto de indicios" que apuntan a que "existe una apariencia razonable y suficiente de que los investigados y la investigada pudieran haber cometido uno o varios delitos de desobediencia grave", sancionados con pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años, por negarse presuntamente a cumplir resoluciones judiciales.

El tribunal señala que los investigados y la investigada, pese a conocer resoluciones del Constitucional que suspendían determinados incisos de las resoluciones parlamentarias "por ser manifiestamente contrarias a la Constitución" en tanto que promover el ejercicio del derecho de autodeterminación y sobre la reprobación de la monarquía, decidieron tramitarla. Y lo hicieron presuntamente incumpliendo "su deber jurídico de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos del Tribunal Constitucional y pese a las advertencias en el mismo sentido de varios parlamentarios y del propio del Secretario general in voce, desoyeron manifiestamente lo mandado por el alto Tribunal, admitiendo a trámite dichas propuestas".

"Con ello dieron paso a que volviese a cobrar forma de resolución parlamentaria, con apariencia de legitimidad, una declaración de voluntad de contenido análogo a las ya anuladas por el Constitucional", en el mismo sentidos. El TSJC detalla que las órdenes del Constitucional "eran vinculantes para el entonces presidente de la Cámara y restantes miembros de la Mesa". Por eso, ordena a las acusaciones y defensas que presenten sus escritos y deja a Torrent y al resto de acusados a un paso del banquillo, ya que tanto la Fiscalía como Vox, que ejerce la acusación, tienen intención de proponer pena contra los procesados.

"La democracias más avanzadas no solo se fundamentan en el principio de división de poderes, sino también en el compromiso de sus instituciones con el estado de derecho, que obliga a todos sin excepción a someterse al imperio de la ley y a sus formalidades para modificarla. En este contexto, el debido acatamiento y cumplimiento de las decisiones judiciales es presupuesto indispensable de la estabilidad del sistema", señala el TSJC.
Además recuerda que "lo que indiciariamente se imputa al investigado Torrent en su calidad de presidente del Parlament de Cataluña y a los restantes miembros de la Mesa investigado/as es haber permitido como responsables de la admisión o inadmisión de las propuestas o iniciativas parlamentarias en la función de calificación que les otorga el art. 37 del Reglamento de la cámara, actuando con desprecio a la legalidad constitucional y previamente advertidos por el TC de su deber de no hacerlo, incluso con las consecuencias penales pertinentes, que se admitiese no un debate genérico sobre la eventual independencia de Cataluña (como erróneamente se viene afirmando), sino la admisión a trámite para su votación de propuestas de resolución parlamentarias con trascendencia jurídica análogas a otras anuladas anterior y reiteradamente por el TC, por las que se abogaba por el ejercicio de un no reconocido constitucionalmente derecho de autodeterminación o la reprobación de la monarquía en base a una soberanía y competencia del Parlament de Cataluña para adoptar esas decisiones rechazada también por el TC, y ello con independencia de los procesos de revisión del marco constitucional plenamente admisibles pero que no se mencionan en ninguna de las propuestas admitidas a trámite ni se deducen de su contexto".

El auto judicial también indica que Torrent, Campdepadrós y Delgado "habiendo conocido el texto de la querella interpuesta han prestado declaración en concepto de investigados, habiéndoseles informado de los hechos que se les imputan y de sus derechos constitucionales, de los cuales hicieron uso, negándose a declarar, salvo a las preguntas formuladas por sus letrados" mientras que Costa "se negó a acudir voluntariamente ante este tribunal obligando a su detención y negándose igualmente a prestar declaración una vez informado de los hechos por los que era investigado y de sus derechos constitucionales". "Según informa la Vicesecretaria Jurídica Nacional, Marta Castro, en los próximos días, el letrado Juan Cremades formulará la acusación en nombre de Vox"

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