La Fiscalía cerrará la investigación al emérito en unos días

08 de enero de 2022

La Fiscalía tiene «prácticamente listo» el informe con el que archivará las diligencias de investigación abiertas a Juan Carlos I en junio de 2020 por su fortuna en el extranjero no declarada en España.

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A falta de recibir un informe de la Agencia Tributaria sobre los pagos que hizo a Hacienda para evitar que se le investigara por no declarar el dinero que recibió y manejó en cuentas suizas una vez había abdicado, el documento del Ministerio Público que ha redactado el fiscal jefe Anticorrupción Luzón ya está hilvanado a la espera de introducir las conclusiones de la Agencia Tributaria, que deben llegar en los próximos días

El final de las investigaciones deja expedito el camino al emérito, que cumplió el jueves los 84 años y que reside desde hace 17 meses en Abu Dabi, bajo invitación del príncipe heredero y líder «de facto» de Emiratos, Mohamed bin Zayed al Nahyan. Juan Carlos así lo considera abiertamente. «Estoy muy bien, y esperando que a doña Dolores - El emérito se refiere a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ex ministra de Justicia- se le ocurra cerrar el caso», le ha reconocido a Raúl del Pozo en la escueta respuesta a un mensaje de felicitación enviado por el periodista con motivo de su cumpleaños y desvelado este viernes en Onda Cero.
Tampoco cuenta con establecerse en La Zarzuela o en ninguna otra propiedad de Patrimonio Nacional -entre las que se cuentan El Pardo o los palacios Reales de Madrid, Aranjuez o La Granja de San Ildefonso (Segovia), entre otros-. Menos aún en el palacio mallorquín de Marivent, residencia estival de la familia real cuya titularidad recae en la comunidad autónoma de Islas Baleares, o en el Palacio Real de Pedralbes, ubicado en el centro de Barcelona y que fue residencia de la familia real en sus visitas a la ciudad condal durante la década de 1920. Hoy alberga la sede del secretariado de la Unión para el Mediterráneo.

Sus planes pasan por, al calor de unos amigos y lejos de la vida cortesana, instalarse en el norte de Portugal, cerca de la localidad fronteriza de Bayona. Una posición idónea desde la que, cuando le plazca, poder realizar viajes cortos a Madrid y alojarse en la residencia de su hija Elena. «Quiere estar tranquilo y tener cierta seguridad», reconocen las citadas fuentes sobre el destino del hombre que reinó durante cerca de cuatro décadas hasta su abdicación en junio de 2014. Juan Carlos, a quien le fue retirada la asignación pública en marzo de 2020, dispone de cuatro asistentes personales cuyo coste, tanto en sueldos como desplazamientos, es asumido por Patrimonio Nacional a petición de la Casa del Rey.

Los argumentos del equipo de fiscales a los que Delgado encomendó la tarea más «delicada» de la historia de la Fiscalía, justificarán que no se presente querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el exjefe del Estado. Las diligencias que la Fiscalía abrió en junio de 2020 se han desplegado en tres líneas: la primera, por si Juan Carlos I pudo cobrar una comisión millonaria del rey saudí Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd por mediar en la adjudicación de un contrato de ampliación del AVE a la Meca a empresas españolas. Una vía de investigación que pronto se vio muerta porque la entrega de los 100 millones de dólares fueron un «regalo» del rey saudí y porque los hechos ocurrieron en 2009, cuando Don Juan Carlos estaba protegido por la inviolabilidad como jefe de Estado.

La segunda línea de investigación se abrió una vez se supo que el emérito pudo utilizar a su ayudante de campo el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga para recibir fondos del empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krause con los que pagar gastos suyos y de otros miembros de la familia real superiores a 120.000 euros anuales y no declararlos a Hacienda después de abdicar. Por último, los fiscales también analizaron un aviso de Sepblac sobre una fortuna en el extranjero (isla de Jersey) de la que el emérito pudo ser beneficiario y tampoco habría declarado.

Archivadas las diligencias, el último campo de batalla está en Londres, en la demanda presentada por Corina en un juzgado por presunto acoso, seguimiento ilegal y difamación. Primero, la justicia británica debería dirimir a lo largo de este mes si el emérito goza de inmunidad o no. La defensa del emérito arguye que “a pesar de su abdicación, es un soberano o jefe de Estado de España en el sentido de la Ley de Inmunidad del Estado de 1978” del Parlamento británico.

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