TS: Rodríguez solicita la suspensión de la sentencia contra él

27 de octubre de 2021

El ex diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez ha remitido un escrito a la Sala Segunda del Tribunal Supremo donde solicita la suspensión provisional de la ejecución de la sentencia que lo condenó por un delito de atentado a agentes de la autoridad a un mes y medio de prisión; pena que el tribunal sustituyó por una multa de 540 euros.

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En el escrito enviado a la Sala que preside el magistrado Manuel Marchena, la defensa del ex parlamentario pide la suspensión de la condena "a los efectos de no privar a mi representado del derecho a la tutela judicial efectiva, del derecho a un proceso con las debidas garantías, que incluye el derecho a un recurso efectivo". En el escrito, el ex secretario de organización de Podemos carga duramente contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, a la que acusa de "arrogarse competencias propias y exclusivas del Supremo". "Debe tenerse presente que estamos ante una ejecutoria en la cual otra autoridad del Estado, distinta a esta Sala, ha procedido a dejar sin efecto la parte dispositiva de la sentencia 750/2021 y, arrogándose competencias propias y exclusivas de esta Sala, ha procedido sustituir la pena impuesta por otra de distinta naturaleza y mayor lesividad", recalca su defensa.

De igual manera, Rodríguez sostiene que Batet "acordó modificar la sentencia dictada por el Supremo siguiendo, y asumiendo como propia, la petición realizada en el Congreso de los Diputados por el partido Vox que pidió que "se adopten, de inmediato, los acuerdos necesarios que retiren y dejen sin efecto la condición plena de Diputado del condenado Alberto Rodríguez".

Por otro lado, los abogados de Rodríguez sostienen que, en caso de que el Supremo no atienda a la petición de suspensión provisional de la ejecución de la sentencia, "se inste y advierta a la presidenta del Congreso de los Diputado Meritxell Batet que proceda a ejecutar la pena en los mismos términos en que viene establecida en la sentencia sin que pueda realizar ninguna modificación de la pena impuesta por esta Sala y que, a la vista de lo aquí alegado, de las normas de aplicación y de los derechos en juego se acuerde la suspensión provisional de la ejecución de la presente sentencia hasta que se hayan ejercitado y resuelto las vías de remedio que permite nuestro ordenamiento". Sus letrados aseguran que "no existe ninguna razón de urgencia para la ejecución de la pena impuesta-tampoco de la creada por la señora Batet- y mucho menos pueden argumentarse razones de celeridad teniendo presente que estamos ante una sentencia dictada siete años después de producidos los hechos y en la que, además, se reconoce la concurrencia de la "atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas".

 

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