El juez vuelve a archivar el caso Villarejo a Brufau, Fainé, Repsol y CaixaBank

02 de junio de 2022

El juez de la Audiencia Nacional García Castellón mantiene su criterio. Después de practicar una serie de interrogatorios tras la reapertura de la causa que ordenó la Sala de lo Penal, el magistrado instructor ha acordado archivar, otra vez, el conocido como 'caso Villarejo' con respecto al presidente de Repsol, Brufau; y al que fuera su homólogo en la época de los hechos en CaixaBank, Fainé, así como ambas compañías.

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El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dictado este jueves un auto en el que cierra la investigación y deja la pieza separada número 21 de la macrocausa tal y como estaba antes de que se tuviera que reabrir. Esto es, que se exonera de cualquier tipo de responsabilidad a los dos empresas del Ibex 35, a Brufau, Fainé, al igual que hizo el pasado mes de julio; así como al exsecretario general de Repsol Luis Suárez de Lezo; los exresponsables corporativos de servicios patrimoniales de la petrolera Juan Amunategui y Joaquín Uris; y ex exdirector de medios del banco Antonio Massanell.
Por otro lado, propone juzgar al comisario jubilado Villarejo y a su socio, Rafael Redondo, por cohecho pasivo y descubrimiento y revelación de secretos; junto a los exjefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank, Araujo y Fernández Rancaño, respectivamente, así como al subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de la petrolera Girona, a los que se les atribuye el delito de cohecho activo. Además, también se continua el procedimiento contra el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, García Castaño por descubrimiento y revelación de secretos.

El magistrado explica que, tras las numerosas diligencias de investigación practicadas, en concreto las realizadas tras la reapertura de la causa como han sido las declaraciones de los 'compliance' de ambas entidades, no es posible mantener la imputación del presidente de Repsol y del actual presidente de la Fundación La Caixa, ya que "no hay indicios ni sospechas", ni soporte documental que acredite que la orden de contratar con Cenyt o a Villarejo partiera de ellos, que fuese conocida por ambos o que fuesen informados de los detalles y resultados de los encargos, ni del pago de los servicios desarrollados por el polémico policía. "De todo ese acervo se desprende su total falta de participación en los hechos investigados, estando prescrita la imputación por razones meramente objetivas por razón del cargo", concluye el juez.

En este sentido, el magistrado refleja en su resolución que este mismo martes declaró el que fuera jefe de Seguridad de Repsol, Araujo, quien afirmó que la iniciativa de contratar Cenyt fue "exclusivamente suya", después de que el Consejo de Administración solicitara buscar información sobre el pacto entre Sacyr y Pemex para hacerse con el control de la petrolera, y que no informó a ningún directivo de su organización del nombre del proveedor externo seleccionado. El juez García Castellón subraya que tanto Brufau como Fainé -cuya entidad era la principal accionista de Repsol en el momento de los hechos investigados- admitieron en sus declaraciones que dicha alianza les generó cierta preocupación al considerarlo altamente perjudicial para Repsol, si bien entiende que este hecho "por sí solo no es indicativo de nada". "El hecho de que Brufau y Fainé estuviesen al tanto de la contratación de un servicio externo de seguridad, del cual no conocían los pormenores, no es un elemento incriminatorio aceptable en este momento procesal", indica el juez.

En cuanto a las compañías, el auto subraya que la investigación permite afirmar que no hay "género de dudas" de que las dos contaban, en el momento de la contratación de las empresas de Villarejo en 2011, con un modelo de prevención de delitos, cumpliendo así con los requisitos previstos en el artículo 31 bis del Código Penal. Por ello, también acuerda el sobreseimiento contra ellas como personas jurídicas. De este modo, el magistrado instructor responsabiliza de la contratación del comisario jubilado y del abono de sus servicios como proveedor a los que fueran jefes de Seguridad de Repsol y Caixa. En total, se pagaron 413.600 euros a Cenyt, en un momento en el que el agente encubierto seguía en activo en la Policía Nacional.

El entramado empresarial liderado por Villarejo fue contratado en 2011 después de que Luis del Rivero llegara a un acuerdo con la mexicana Pemex para aumentar su participación en Repsol hasta casi un tercio del capital social y hacer con el control de la petrolera. El auto señala que como consecuencia de estas operaciones, desde servicios directivos de CaixaBank y Repsol se articularon de modo conjunto distintas vías de acción para evitar dicha adquisición. En este contexto, el comisario jubilado desarrolló lo que se denominó como 'proyecto Wine', que, según indica el juez instructor, se basó en la obtención de información de "carácter reservado" del dueño de la constructora y su entorno más cercano, a través del tráfico de llamadas.

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