Vuelta de tuerca en el caso Popular

05 de enero de 2022

El juez de la Audiencia Nacional Calama quiere recabar todas las pruebas sobre la caída del Banco Popular antes de poner fin a la instrucción que se inició hace más de cuatro años.

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El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha reclamado al Banco Santander -que adquirió la entidad por el valor simbólico de un euro- que remita más datos para profundizar en la gestión de riesgos que habría hecho el banco resuelto en junio de 2017 sobre las operaciones que llevó a cabo en Luxemburgo a través del fondo Thesan Capital. Una información que se pide justo después de que el magistrado haya recibido un informe pericial del Banco de España (BdE) que señala que el Banco Popular tenía pendiente de provisionar 521 millones de euros desde 2012 en relación a esta operativa.
El juez de la Audiencia Nacional centra parte de su investigación en esta presunta trama opaca que habría utilizado Popular para ocultar pérdidas y alterar sus cuentas con operaciones de refinanciación a clientes. Las sospechas sobre las irregularidades comenzaron después de que el magistrado instructor recibiera en 2018 un informe de la Agencia Tributaria y numerosa documentación que formaba parte del ‘caso Nummaria’, otro de los casos que se instruyeron en la Audiencia Nacional y que implica a los actores Imanol Arias y Ana Duato.
Fue a raíz de esta documentación cuando el juez del 'caso Popular' reclamó el auxilio del BdE. En su informe con fecha del pasado 13 de diciembre, tras repasar cinco proyectos, explica que el banco extinto habría financiado a través de Thesan a empresas con problemas financieros, lo que permitía a la firma de capital riesgo tener el control sobre los consejos de administración y las juntas de accionistas de las sociedades que atravesaban dificultades. En opinión de los peritos estas operaciones debían haberse clasificado como dudosas desde 2012, y no como normales, como hizo el Banco Popular, pues ello habría implicado "incrementar el saldo de dudosos en 876 millones de euros".

Tras conocer estas conclusiones, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha decidido seguir indagando en estas operaciones para "clarificar la gobernanza de riesgos del extinto Banco Popular en el denominado entramado Thesan". Para ello, según consta en una providencia con fecha de este lunes, 3 de enero, a la que ha tenido acceso La Información, el magistrado Calama ha solicitado al Banco Santander, como 'heredero' del Popular, que "en el plazo de diez días" remita las versiones de los manuales de procedimiento de riesgo de crédito y de políticas de riesgo vigente en el año 2014. Además de esta documentación, también debe enviar el reglamento de funcionamiento vigente entre los años 2014 y 2016, así como la identificación de los miembros del comité que "aparentemente tenía encomendado" la calificación de las operaciones en los mismos años. El juez recuerda que la entidad presidida por Ana Patricia Botín ya facilitó el pasado mes de mayo fichas sobre este grupo, pero precisa que ahora necesita conocer las identidades de los integrantes del mismo.
No es la primera vez que el juez de la Audiencia Nacional solicita los nombres y apellidos de trabajadores o funcionarios que supervisaron el Banco Popular antes de su resolución. En los últimos meses, el instructor ha pedido al Banco de España (BdE) y al Banco Central Europeo (BCE) los datos de los miembros de los equipos que inspeccionaron la última etapa de la entidad desaparecida. En este contexto, a mediados de diciembre, comparecieron ante la Audiencia Nacional como peritos-testigos dos funcionarios de la autoridad monetaria europea que inspeccionaron el Banco Popular, quienes subrayaron que la entidad desaparecida tenía problemas estructurales desde la crisis económica de 2008.

Ahora, en el marco de aclarar la "gobernanza del Banco Popular en materia de riesgo de crédito", el juez Calama ha interesado que la institución que dirige Christine Lagarde "suspenda la inmunidad" de otros dos inspectores y les autorice a "revelar la información" que obtuvieron como miembros de dichos equipos de trabajo. Así, en un auto dictado este martes, 4 de enero, que también ha podido ser consultado por este diario, argumenta que "después de más de cuatro años desde que se resolvió el banco, es difícil imaginar que dicho testimonio pueda dañar los intereses de la UE o del BCE".
De este modo, el magistrado ha convocado el próximo 24 de febrero al jefe de equipo de inspección continuada del Banco de España que supervisó el Banco Popular entre noviembre de 2013 y noviembre de 2014. A partir de esa fecha, cuando la supervisión pasó a manos del BCE, el testigo ocupó el cargo de subcoordinador del mismo equipo. Por todo ello, el juez de la Audiencia Nacional considera que su testimonio puede ayudar a aclarar ciertas cuestiones, "como la existencia de un déficit oculto de provisiones en la cartera de créditos refinanciados, la operativa del denominado entramado de Thesan, así como una política de tasaciones inadecuada, especialmente en crédito promotor, con incidencia igualmente en las provisiones".

Para completar esta testifical, el juez Calama también considera necesaria la testifical del jefe del equipo del BCE que inspeccionó 'in situ' al Popular, primero, entre noviembre de 2015 y junio de 2016 para verificar la correcta clasificación contable y la dotación de provisiones de una muestra de 100 prestatarios reestructurados o refinanciados seleccionados con un criterio determinado. La segunda vez que 'controló' al banco fue entre diciembre de 2016 y enero de 2018 para comprobar si se hizo correctamente la clasificación contable una cartera de activos adjudicados en pago de deudas. Para conocer el trasfondo de su trabajo y las conclusiones que alcanzadas, el magistrado le ha citado el próximo 3 de marzo.
Según apuntan fuentes jurídicas consultadas por La Información el nuevo requerimiento de documentación al Santander, así como estas citaciones, hace previsible que el juez instructor, tras pedir informe de las partes, acuerde una nueva prórroga de la investigación judicial que se inició en octubre de 2017 y que caduca el próximo 29 de enero. Las fuentes cercanas a este caso subrayan que sería necesario más tiempo antes de acordar el cierre de la instrucción, ya que, entre otras cosas, también está pendiente de aportarse a la causa otro informe pericial sobre la financiación de clientes del banco para ir a la ampliación de capital de 2016.

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