El fiscal Luzón firmará también el archivo de la investigación al Rey emérito

17 de noviembre de 2021

El decreto de archivo de las diligencias prejudiciales en las que se ha investigado por el ministerio fiscal las conductas de Juan Carlos I está ya concluido y solo queda pendiente de recibir la respuesta formal a una comisión rogatoria cuyo contenido ya conoce verbalmente la fiscalía ante el Tribunal Supremo y no modifica la decisión de considerar inimputable al padre del Rey.

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Se espera que dicha comisión llegue a España y se formalice “en poco tiempo”, con la finalidad de que no tener que prorrogar las diligencias el 17 de diciembre, fecha en la que vence la prórroga de seis meses decretada el mismo día del pasado mes de junio. El decreto de archivo será firmado, por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Campos, al que la fiscal general del Estado encargó la investigación junto a otros tres abogados fiscales. Luego, Delgado, para dar mayor coherencia a la investigación y completarla en todos sus aspectos, incorporó a las indagaciones al fiscal jefe de la fiscalía especial de anticorrupción, Luzón, fiscal de Sala. Está decidido que sean ambos fiscales —Campos y Luzón— los que firmen el decreto motivado del archivo de las diligencias, lo que, en medios consultados del ministerio fiscal, se entiende como una medida “correcta” porque ambos son los que han dirigido las investigaciones.

Dado el mandato estatutario de los fiscales, la general del Estado, Dolores Delgado, ha estado informada en todo momento y ha firmado las correspondientes prórrogas, pero técnicamente se considera más riguroso que el relato que incorpora la resolución de la fiscalía ante el Supremo la suscriban los fiscales que la conocen y la han protagonizado. Así se ha resuelto definitivamente una de las dudas formales que se plantearon en torno a la conclusión de las diligencias sobre el Rey emérito.

Desde la fiscalía general del Estado se subraya que se intentará no prorrogar las diligencias en la confianza de que llegue la documentación pendiente, pero se subraya que el plazo de prórroga “no es de caducidad” y no “habría problema” en añadir otro. Sin embargo, se tratará de evitar, aunque no a costa de que quede, formalmente, ningún cabo suelto. Porque, aunque la fiscalía conoce el contenido del trámite por concluir, no quiere archivar las diligencias sin que conste la respuesta a la comisión rogatoria en el expediente. “Nada de cabos sueltos” se asegura en fuentes fiscales.

 

 

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