La titularidad e las torres aeroportuarias recurrida

13 de enero de 2022

La titularidad pública del control aéreo en la mayoría de las torres en los aeropuertos de Aena vuelve a estar en tela de juicio. La empresa privada de servicios aeronáuticos Saerco ha impugnado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) la adjudicación a la pública Enaire de los servicios de navegación aérea por un periodo de cinco años y un presupuesto de 601 millones.

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Se pide que el contrato, fallado el 21 de diciembre y formalizado una semana después, sea anulado, aunque Aena puede recurrir a la figura del contrato de emergencia, si fuera necesario, para cubrir un servicio fundamental que le vencía el 31 de diciembre.

El funcionamiento de los aeropuertos está garantizado, pero vuelve a abrirse el debate sobre la necesidad, o no, de liberalizar nuevas torres. Además de la propia Saerco, Ferronats dispone de certificado en vigor de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) para atender el tránsito aéreo. Y ambas han mostrado interés por avanzar en la prestación de sus servicios en España.
La propia Aena comunicó la adjudicación a la CNMV a la vista de que se trata de una operación vinculada: Enaire es su accionista de control con el 51% del capital. Un parentesco entre contratante y prestador de servicios que Saerco ve como conflicto de intereses. Además, señala que “Aena ha vulnerado los principios de libre concurrencia y de licitación pública al forzar un procedimiento negociado sin publicidad en beneficio directo de su accionista mayoritario Enaire”.

La primera queja de Saerco es que, una vez formalizado el contrato de Enaire, Aena no le ha dado acceso al expediente, lo que fue solicitado el 4 de enero. La compañía también expone que se ha contravenido la Directiva 2014/25 EU, relativa a contratación en sectores especiales, al no haber existido publicación legal del anuncio de licitación ni de los pliegos. “Saerco no ha sido invitada a concurrir ni ha podido licitar por la falta de publicidad, lo que afecta directamente a sus intereses empresariales”, se puede leer en el recurso.

Única oferta

La propuesta de Enaire llegó a manos de Aena el 10 de noviembre, y la adjudicación se realiza bajo el criterio de calidad-precio pese a no haber mediado competencia. Un hecho que Aena explica en virtud de la Ley 9/2010, que regula la prestación de servicios de tránsito aéreo y fija las condiciones laborales de los controladores.

La denunciante expone que la ley permite a Aena abrir servicios al sector privado. Esa norma impone el monopolio de Enaire en servicios de tránsito aéreo de control de área y de aproximación. A esta ley se superpuso la Orden FOM/3352/2010 fijando distintos aeropuertos en los que se liberalizaba el control de tránsito aéreo de aeródromo (ATS). De este modo, hay hasta una docena de torres que son operadas desde 2011 por empresas privadas, mientras que 21 han seguido en manos de Enaire por convenio.

Este nuevo contrato habría tenido en cuenta unos costes de Enaire “inferiores a la media de los grandes proveedores de servicios de navegación aérea del entorno europeo”, justificó Aena. En el pliego se impone una cláusula que prevé una disminución en los ingresos de Enaire si durante los cinco años de duración de esta relación se producen liberalizaciones. Saerco intenta demostrar que Aena tiene vía libre para adjudicar este tipo de servicios a proveedores privados a la vista de distintas normas (Ley 9/2017 y Real Decreto Ley 3/2020). Y también que Enaire ha perdido la condición de medio propio instrumental de la Administración por el Real Decreto Ley 26/2020 de medidas de reactivación económica. Por tanto, afirma que la pública no puede ser un adjudicatario directo de Aena.

En el texto presentado al TACRC se expone una queja de tiempo atrás: “Hace más de diez años que Aena debiera haber realizado los estudios e informes conducentes a una licitación pública de los servicios de tránsito aéreo, y sin embargo, durante estos más de dos lustros, ha atribuido vía convenio a Enaire, como medio propio instrumental –y al mismo tiempo, accionista mayoritario de Aena–, en calidad de empresa asociada, sustrayéndose a la aplicación de un procedimiento abierto entre otros posibles operadores y restringiendo artificialmente la competencia en este mercado de servicios”.

El hecho es que Aena se atiene a la Ley 9/2010 para contratar a Enaire, ante lo que Saerco expone que la reserva legal que favorece a la empresa pública de control aéreo se refiere en exclusiva a servicios de ruta y aproximación, pero no a los de tránsito aéreo (ATS), servicios de información de vuelo (AFIS), o los servicios de uso y mantenimiento de comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS). “No existe ninguna razón para vincular todos los servicios susceptibles de licitación a aquellos dos que son de reserva legal, como así hace Aena, pudiendo ser objeto de licitaciones separadas”, argumenta la firma que pretende arañar cuota a Enaire.

La impugnación concluye que los lazos entre el Ministerio de Transporte, Enaire y Aena “conducen a una paralización artificial y forzada del proceso de liberalización de los servicios de navegación aérea que no son objeto de reserva legal”. También se subraya un perjuicio económico para Aena y sus accionistas privados al “impedírsele” abrir a la competencia uno de sus mayores contratos.

 

 

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