El TS asegura que Griñan conocía el reparto "ilegal" de los ERE y no lo evitó

14 de septiembre de 2022

El Tribunal Supremo reprocha al expresidente de la Junta de Andalucía Griñán que no evitara los ERE. Así lo dice la sentencia de más de 1200 folios, que se ha dado a conocer este miércoles, en la que se declara probado que el expresidente andaluz "intervino en la dotación de fondos a través de un sistema de presupuestación ilegal con conocimiento de las consecuencias que ello podía tener en la gestión" y que también era consciente de las "ilicitudes perpetradas con esos fondos".

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"Tuvo capacidad de impedir ese modo de gestión", añade el Alto Tribunal, en alusión a las competencias que tenía, "al ejercer las más altas funciones dentro del Gobierno de la Junta de Andalucía".

De este modo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo justifica la condena de Griñán a seis años de prisión por malversación de caudales públicos y prevaricación por el fraude de cerca de 700 millones de euros con los conocidos como ERE de Andalucía, ratificando así la sentencia que la Audiencia Provincial de Sevilla dictó en noviembre de 2019.
Por su parte, dos magistradas de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo consideran que la condena que impuso la Audiencia de Sevilla al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán de seis años de prisión por malversación de caudales públicos, y que ha sido ratificada por el Alto Tribunal, es un "arriesgado salto en el vacío" por no contar con pruebas suficientes para justificar la pena.
Así lo expone la magistrada Ana Ferrer en su voto particular, al que ha se ha adherido la magistrada Susana Polo, contra el voto mayoritario del tribunal que ha confirmado la sentencia de instancia sobre el conocido 'caso ERE de Andalucía'. Una resolución que, según señala este voto discrepante, ha llegado hasta el Tribunal Supremo sin "soporte probatorio ni fáctico" para atribuir a cinco condenados, entre los que se encuentra Griñán, el delito de malversación de caudales públicos.
El Supremo ha confirmado la condena del expresidente de Andalucía al considerar probado que no evitó el desfalco, pese a que tenía competencias para ello. En concreto la sentencia, cuyo fallo se adelantó el pasado 26 de julio y texto íntegro se ha dado a conocer este miércoles, explica que Griñán no solo "intervino en la dotación de fondos a través de un sistema de presupuestación ilegal con conocimiento de las consecuencias que ello podía tener en la gestión", sino que también era consciente de las "ilicitudes perpetradas con esos fondos".
Sin embargo, dos de las magistradas que han compuesto el tribunal que ha revisado la sentencia de la Audiencia de Sevilla no comparten este criterio porque, en su opinión, en "ningún momento" se ha puesto sobre la mesa "pruebas sólidas, más allá de meras especulaciones" que permitan acreditar que los cinco condenados que no pertenecían a la Consejería de Empleo conocían " las ilegalidades prevaricadoras" que habrían cometido otros condenados en "menoscabo del patrimonio público".
A lo largo de 88 páginas de voto particular, las magistradas argumentan que en el sumario "no constan testimonios de personas que evidenciaran, con datos concretos, haber percibido que estuvieran al tanto de que las ilegalidades procedimentales apreciadas acababan derivando en actos singulares de sujetos pertenecientes a la Consejería de Empleo que menoscababan de forma dolosa y directa el patrimonio público". "Tampoco se analizan otro tipo de pruebas que permitan sustentar con solvencia tal conclusión", añaden.

Argumentación "lacónica"

El texto redactado por Ana Ferrer critica que la mayoría del tribunal entienda que el delito de malversación de caudales públicos se produce "cuando se dispone de esos caudales como si fueran propios, de forma libre y arbitraria, al margen de todo control y de cualquier criterio mínimamente reglado, y también cuando se permite que se produzca esa situación, existiendo la obligación y la posibilidad de evitarlo". No obstante, el voto discrepante insiste en que la argumentación de dicha resolución es "mínimamente suficiente y consistente para avalar la existencia de los elementos intelectivo y volitivo del dolo eventual en la conducta de los referidos acusados". Por ello, tacha la fundamentación jurídica sobre la autoría de Griñán y otros cuatro consejeros de "lacónica e inmotivada".
En este sentido, las dos magistradas discrepantes apuntan que en la causa no figuran datos indiciarios que permitan afirmar que Griñán, Carmen Martínez Aguayo (Consejería de Economía), Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jesús María Rodríguez Román y Francisco Vallejo Serrano (Innovación y Ciencia) supieran que sus compañeros del departamento de Empleo "estuvieran proporcionando subvenciones a personas que no pertenecían ni habían pertenecido a las empresas en crisis o que el dinero dedicado a las ayudas se estuviera entregando a empresas sin estructura alguna". "Y tampoco se ha acreditado que estuvieran al tanto de que se estaban concediendo de forma arbitraria como subvenciones o como pagos a profesionales cantidades muy superiores a las legalmente autorizadas a trabajadores, empresarios o profesionales de diferentes materias o especialidades", agregan.

"Criterios poco jurídicos"

Con todo ello, el voto particular concluye que "al margen de todas las graves carencias argumentales, lagunas, incoherencias y contradicciones que se aprecian en la sentencia de la Audiencia", no es posible que el "exceso de confianza" mostrado por estos condenados y el expresidente de la Junta hacia los miembros de la Consejería de Empleo sea objeto de "reconversión en conductas dolosas" y sirva para condenar por el delito de malversación de caudales público. Así, considera que "se ha operado en ese apartado de la sentencia con criterios poco jurídicos".
A juicio de las magistradas Ferrer y Polo, "no se entiende, pues, el empecinamiento de la tesis mayoritaria en incriminar por malversación a los cinco acusados que ni siquiera pertenecen a la Consejería de Empleo, acudiendo incluso a declaraciones irrelevantes del principal factótum de los actos malversadores, cuando no consta prueba directa alguna de que esos acusados intervinieran en acto concreto alguno insertable en el tramo final del reparto y distribución del dinero público".

 

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