Bárcenas, condenado

29 de octubre de 2021

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel al extesorero del PP Luis Bárcenas por pagar parte de la reforma de la sede nacional del PP con dinero procedente de la caja B. En concreto, por abonar a la empresa Unifica, despacho de arquitectos que realizó la reforma de varias plantas del edificio situado en la calle Génova de Madrid, una cantidad de 1.072.000 euros “al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda pública".

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Por estos hechos, el tribunal también ha condenado a la formación política como responsable civil subsidiario de 123.669 euros de Luis Bárcenas por el impuesto de Sociedades de Unifica de 2007, mientras que le ha absuelto del delito contra la Hacienda pública por el Impuesto de Sociedades de 2008. En cuanto al resto de acusados, la Audiencia Nacional también ha condenado al arquitecto Gonzalo Urquijo y a su socia en Unifica, Belén García, a dos años y 9 meses de prisión y multa de 2,6 millones de euros como autores de un delito contra la Hacienda pública relativo al Impuesto de Sociedades de 2007 en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, mientras que ha decidido absolver a los otros dos acusados en este procedimiento, el que fuera gerente del PP Cristóbal Páez y la empleada de Unifica Laura Montero, contra quien solo actuaron las acusaciones populares.

Bárcenas -que tendrá que abonar también una multa de 1,2 millones de euros- presentó unos días antes de que comenzara la vista oral un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción confesando la existencia de una caja 'b', un hecho que fue relevante, ya que en el juicio de la primera época de la trama Gürtel se limitó a definirla como una "contabilidad extracontable". En este escrito, detalló cómo esa caja se nutría de las aportaciones de empresarios a lo largo de casi 20 años y cómo sus fondos eran utilizados para gastos como la compra de acciones de Libertad Digital o para sufragar parte de la reforma de la sede de los 'populares'.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha aplicado al extesorero del PP las atenuantes de reparación del daño y de confesión al haber quedado acreditada su “colaboración real, activa y eficaz” para el esclarecimiento de los hechos y sus autores, si bien no ha entrado a valorar si las entradas de dinero por parte de empresarios eran finalistas o no, pues es un asunto que aún sigue en trámite en el Juzgado Central de Instrucción número 5, cuya instrucción ya ha terminado pero aún falta por conocerse si el juez Santiago Pedraz decide proponer juzgar a algún investigado o archiva la causa. Tampoco se ha detenido en analizar los gastos electorales o los supuestos sobresueldos a altos cargos del PP, como al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o los exsecretarios generales del partido, quienes negaron en el juicio como testigos haber recibido tales gratificaciones, ya que fueron excluidos del procedimiento

Asimismo, a lo largo de 454 páginas, la Sala relata cómo Bárcenas desempeñó el cargo de gerente del PP desde 1990 a junio de 2008, un periodo en el que gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política como donaciones privadas “a través de una contabilidad paralela -contabilidad B- de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”. Tras ello, la sentencia también destalla la dinámica que se llevó a cabo para pagar a Unifica en negro parte de las obras que se acometieron ene la sede del PP entre 2005 y 2010: Por un lado, se emitían uno o varios presupuestos para las obras de cada planta y, una vez terminada la obra, se emitía la certificación final cuyo importe constituía la base imponible de la factura que recogía las reformas.
De forma paralela a este doble sistema de facturación, la sentencia subraya que Bárcenas y Urquijo convinieron que “que una parte de los pagos correspondientes a dichas obras" serían abonados con los fondos de la caja 'B', pactándose la aplicación de un descuento en las facturas de entre un 7% y un 8% del importe de los trabajos, "con el consiguiente ahorro tanto para el PP como para Unifica en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”.

 

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