Iberdrola pide anular el acta notarial del informe que acusa a Galán en 'Tándem'

24 de noviembre de 2021

Iberdrola ha presentado una nueva demanda contra el que fuera su director de Control Corporativo, José Antonio del Olmo, por elaborar un informe en el que acusa al presidente de la compañía, Sánchez Galán, de conocer todas las presuntas artimañas realizadas para abonar al comisario jubilado Villarejo los servicios prestados de supuestos espionajes.

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Después de que un juzgado de lo Mercantil le condenara el pasado mes de octubre al ex 'controller' de la eléctrica por sacar de la empresa sin autorización las facturas que "contenían secretos empresariales" y de que la Audiencia Nacional le volviera a otorgar hace unos días la condición de investigado en el caso 'Tándem' por la redacción de dicho documento, la empresa dirigida por Sánchez Galán le demanda ahora junto a otras tres personas por las presuntas irregularidades cometidas en el depósito notarial del escrito en cuestión.

La nueva demanda, ha sido presentada en los juzgados de Primera Instancia de Bilbao y va dirigida también contra el ex jefe de Seguridad de la eléctrica Marcos Peña, su subordinado, Ángel Zarabozo, quienes se unieron a Del Olmo para firmar el informe; y contra el notario Luis Ramallo, a quien se le acusa de no haber seguido los requisitos legales para autorizar el depósito en un sobre cerrado los documentos que después se habrían usado en contra de Iberdrola.
Según expone el equipo jurídico de Iberdrola en su demanda, Ramallo habría expuesto que "desconocía" el contenido del sobre entregado por Del Olmo, Peña y Zarabozo, si bien autorizaba su depósito notarial ya que lo manifestado por estos "no es contrario a las leyes, a la moral o a las buenas costumbres". Para la compañía del Ibex 35 este hecho demuestra "un notable desprecio de las normas de aplicación" por parte del notario, "obviando las obligaciones legales", al no comprobar la veracidad de lo que los otros demandados afirmaban aportar, pues, según señala la demanda, al menos, alguno de ellos, no conocía "cuál era el verdadero y completo contenido del sobre". Por todo ello, los abogados de la multinacional solicitan la nulidad del acta notarial.

La demanda continúa relatando que tras la apertura de ese mismo sobre en enero de 2020, después de que fuera aportado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga los presuntos 'negocios' turbios de Villarejo, se ha tenido conocimiento que dentro del mismo se encontraban "algunos documentos relativos a su contabilidad, concretamente facturas y justificantes de pago de su propiedad". Por estos hechos, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao recientemente condenó a Del Olmo por un delito de violación de secretos empresariales al entender que obtuvo de manera "ilícita" y "sin consentimiento" las facturas que documentaban los pagos de Iberdrola a proveedores de seguridad y miembros de la administración.

En concreto, el sobre guardaba ocho facturas emitidas a Iberdrola por su proveedora de seguridad Casesa entre mayo y septiembre de 2004; una factura emitida por Cenyt, el entramado empresarial de Villarejo, de fecha de 16 de octubre de 2004; cinco facturas emitidas por diferentes miembros del consejo consultivo de Iberdrola en Andalucía, así como otros documentos de pago y contabilidad relacionadas con dichas facturas; tres hojas manuscritas con apuntes relativos a la contabilidad de Iberdrola. Junto a ello, también se guardó el documento firmado por Del Olmo y sus compañeros en el que denunciaban hechos "irregulares" cometidas a la hora de realizar estos pagos.
Tras tener conocimiento de todo ello, Iberdrola presentó una querella en un juzgado de Bilbao contra el que fuera su jefe de Control de Funciones Corporativas por la elaboración de un informe "falso", alegando que no consta registrado internamente en la empresa, si bien ésta finalmente se envió al juez instructor del caso Tándem', Manuel García Castellón, para que lo investigara en el marco de la pieza 17 de la macrocausa, centrada en las presuntas irregularidades cometidas en la contratación del agente encubierto por parte de la eléctrica dirigida por Sánchez Galán.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 aceptó en julio de 2020 la competencia para investigar si Del Olmo, imputado en esta causa, pero a quien el juez considera un 'testigo clave', cometió el presunto delito de falsedad documental, dando así la condición de perjudicada a Iberdrola, quien se personó como acusación particular. Pero un año después, sin practicar ninguna diligencia, acordó el archivo de la querella al considerar que los hechos están prescritos. La decisión del juez instructor fue impugnada por los abogados de la empresa ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que el pasado 12 de noviembre le dio la razón, obligando a reabrir la querella e investigar si el que fuera 'controller' de Iberdrola creó 'ad hoc' su informe para acusar atribuir ciertas conductas a Sánchez Galán y su cúpula directiva.

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