TC: no habrá reclamaciones por la anulación de plusvalías municipales

29 de octubre de 2021

La sentencia asume como consolidadas las autoliquidaciones y liquidaciones provisionales o definitivas de los últimos años y aunque los magistrados han tumbado de facto el tributo, al anular por inconstitucional su método de cálculo, la sentencia que han redactado cierra la puerta a la posibilidad de que los contribuyentes reclaman el dinero indebidamente abonado al fisco en los últimos años.

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Así se deriva de la redacción del borrador del fallo, al que ha tenido acceso este diario, después de que su sentido fuese adelantado el miércoles sin que se conociera aún el texto íntegro de la sentencia. Aunque el Constitucional ya anticipó que el varapalo al tributo no tendría efectos sobre los procedimientos con una resolución firme, bien por prescripción del plazo para una reclamación bien porque esta hubiera quedado ya definitivamente resuelta, la letra pequeña del fallo va mucho más allá.
En concreto, según el texto, la sentencia establece que no podrán ser revisadas en base al pronunciamiento judicial los casos ya juzgados, o con resolución administrativa en firme, pero tampoco las liquidaciones provisionales o definitivas que no hubieran sido impugnadas a la fecha de publicación de la sentencia ni las autoliquidaciones que no hayan sido solicitadas previamente. El matiz no es menor y puede ahorrar a los ayuntamientos la devolución de hasta 10.000 millones de euros recaudados en los últimos años.

El impuesto incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), como se conoce oficialmente el tributo, lo abonan los contribuyentes que venden un inmueble o lo reciben en donación u herencia. Su deber es pagarlo al ayuntamiento correspondiente en un plazo de 30 días, bien mediante el método de liquidación (que se convierte en firme pasado un mes), bien mediante un modelo de autoliquidación, que puede rectificarse durante un periodo de cuatro años.
Teniendo en cuenta que el impuesto deja 2.500 millones anuales en las arcas públicas municipales, los abogados asumían que el fallo desataría un aluvión de reclamaciones sobre los pagos desde 2017 con un coste de hasta 10.000 millones para los ediles. Finalmente, a tenor del fallo, solo aquellos recursos vivos ya en marcha podrán disfrutar de la anulación del impuesto.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, trabaja contrarreloj para diseñar una modificación legal que permite mantener vivo el impuesto, garantizar los ingresos de los ayuntamientos y proporcionar seguridad jurídica en cuanto el fallo sea publicado. En este sentido, el borrador de la sentencia del Constitucional ya establece algunas premisas sobre los pasos que podría dar el Gobierno para tratar de subsanar la inconstitucionalidad del impuesto. Básicamente se invita a modificar la ley para establecer algún tipo de cálculo de estimación directa del valor de la plusvalía generada.

 

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