Los ex accionistas de Popular no podrán reclamar a Santander

03 de diciembre de 2021

El Abogado General del TSJUE, propone que el Tribunal de Justicia dicte en su futura sentencia y en respuesta a una cuestión presentada por la Audiencia Provincial de La Coruña que los antiguos accionistas de Banco Popular, intervenido y vendido a Banco Santander en junio de 2017 con Saracho como presidente "no pueden pedir a indemnización basándose en información inexacta, acciones ni obtener restitución contravalor" basándose en que el folleto de la emisión contenía información inexacta

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Su opinión no es vinculante, aunque en un porcentaje muy alto el TJUE dicta sentencia en términos similares. Santander adquirió Banco Popular el 7 de junio de 2017 por un euro, tras la intervención y disolución que llevó a cabo la JUR, y que supuso llevar a cero el valor de las acciones del grupo que presidía Saracho, con lo que todos sus accionistas, más de 300.000, perdieron sus inversiones, lo que porvocó miles de denuncias, incluidas las de los exdirectivos del propio banco. Santander absorbió finalmente esta entidad.
El Abogado General argumenta que cuando, en el marco de un procedimiento de disolución de una entidad financiera, se hayan amortizado la totalidad de las acciones en que se dividía el capital social, "la Directiva sobre la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión se opone, por un lado, a que quienes adquirieron sus acciones unos meses antes del inicio del procedimiento de disolución, con ocasión de una ampliación de capital con oferta pública de suscripción, puedan promover contra la entidad emisora o contra la entidad resultante de una fusión por absorción posterior, con posterioridad a la decisión de disolución, demandas de resarcimiento o demandas de efecto equivalente basadas en que el folleto de la emisión contenía información defectuosa. Y, por otro lado, a que se impongan judicialmente a la entidad emisora, o a la entidad que la suceda universalmente, obligaciones de restituir el contravalor de las acciones suscritas y de abonar intereses como consecuencia de la declaración de nulidad, con efectos retroactivos, del contrato de suscripción de las acciones, en virtud de demandas promovidas con posterioridad a la resolución de la entidad".
De esta forma, indica que hay objetivos de interés público que permiten restringir el derecho a la propiedad de los accionistas en el ámbito de la disolución bancaria (no se viola el principio de proporcionalidad) y que los accionistas cuyas acciones hayan sido canceladas en el marco de un procedimiento de disolución bancaria disponen de otras vías para obtener una indemnización o para que se imponga una sanción (no se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva).

El letrado responde así a la Audiencia Provincial de A Coruña que preguntaba al Tribunal de Justicia, si las reglas aplicables a la disolución de Banco Popular (pérdidas soportadas por los accionistas, recapitalización interna y amortización y conversión de instrumentos de capital) se oponen al derecho a indemnización de los accionistas que hubiesen suscrito una ampliación de capital con oferta pública propuesta por el banco el año anterior a su disolución, en caso de que el folleto sea defectuoso.
Además, el tribunal español deseaba saber si la normativa aplicable a la disolución se opone a las consecuencias (restitución del contravalor de las acciones suscritas, así como de abono de intereses) de la declaración judicial de la nulidad del contrato de suscripción de acciones –resultado de las acciones judiciales emprendidas con posterioridad a dicha disolución– debido al dolo o error del que supuestamente fueron víctimas los accionistas como consecuencia de la información inexacta contenida en el folleto.
Sobre esta segunda cuestión el abogado francés explica que un demandante solo tiene legitimación para ejercitar una acción de nulidad si sigue vinculado por el contrato en el momento en el que la ejercita. El accionista cuyas acciones han sido amortizadas y canceladas deja de tener legitimación activa, puesto que, tras la disolución, pierde su condición de accionista.
El procedimiento de resolución de Banco Popular se enmarca en la quiebra del banco Lehman Brothers en 2008 y la crisis financiera posterior.

Para asegurar una gestión ordenada de las crisis bancarias, la UE habilitó dos instrumentos: un marco común de disolución para todos los Estados miembros y un mecanismo de disolución única para la zona euro, en el marco de la Unión Bancaria. Se establecieron varios principios, incluido el de que los accionistas de la entidad sometida al procedimiento de disolución son los primeros en soportar las pérdidas y que ningún acreedor debe sufrir pérdidas más elevadas que las que habría sufrido si la entidad se hubiera liquidado según el procedimiento de insolvencia ordinario.
En ese contexto se produjo la disolución de Banco Popular, que dio lugar a varias amortizaciones y conversiones sucesivas de instrumentos de fondos propios, seguidas de la venta del negocio a Santander

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