Las eléctricas, menos Endesa, rechazan el recorte de sus ingresos

15 de diciembre de 2021

berdrola, Naturgy y Repsol han reclamado en tromba el recorte a sus ingresos derivado de la reforma eléctrica impulsada por la ministra Ribera,, cada una por su cuenta, han planteado conflictos de gestión económica y técnica contra Red Eléctrica Española (REE), la empresa designada por el Ejecutivo para pasar a las eléctricas el recibo de la minoración de ingresos incluida en el Real Decreto Ley 17/2021, en vigor desde el 14 de septiembre.

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Se trata de la vía oficial por la que las eléctricas pueden recurrir el último recibo que les ha extendido la compañía que preside Beatriz Corredor en calidad de 'liquidador' del sistema eléctrico. En concreto, la queja de los gigantes del sector se asienta sobre el recorte a la retribución que REE les ha aplicado en la liquidación de noviembre, la primera que se ha visto alterada por el 'decreto Ribera'.

Este martes se agotaba el plazo para recurrir la citada liquidación y todas las compañías afectadas por la minoración han planteado conflicto de gestión contra REE. Sorprende la excepción de Endesa que no ha presentado ninguna reclamación pues, según trasladan fuentes de la eléctrica a La Información, la citada liquidación, cuyo resultado aún debe ser ratificado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), no les ha perjudicado con recorte alguno.
La compañía que pilota Corredor asumió la función de liquidador después de que la CNMC se negase a realizar esta tarea alegando falta de personal. El organismo regulador sigue siendo el liquidador final, por lo que ahora el supervisor que preside Cani Fernández debe valorar si REE ha hecho bien las cuentas. Con esta ola de reclamaciones, las tres compañías buscan defender los intereses hasta agotar todas las vías legales previstas para este fin, con el objetivo de asegurar los derechos de sus entidades, en general, y de sus accionistas, en particular.
Dado que las compañías no pueden recurrir una norma con rango de ley, es preciso matizar que el movimiento de las eléctricas no debe entenderse como un recurso contra la 'ley Ribera', sino contra los efectos económicos derivados de su aplicación. Es por ello que los gigantes del sector han tenido que esperar a la primera liquidación de REE, afectada por el real decreto, para actuar contra el polémico recorte a sus ingresos, pese a que la ley lleva tres meses en vigor, como adelantó este diario a finales de septiembre.

La ola de reclamaciones que han planteado los gigantes del sector busca agotar todas las vías al alcance de las compañías para defender los intereses de sus grupos y de sus accionistas
El mecanismo de minoración de ingresos que diseñó el equipo de Teresa Ribera limita el recorte a las llamadas tecnologías inframarginales -nuclear, hidráulica y renovables más antiguas-. Esta circunstancia explica que tanto Iberdrola como Endesa liderasen, a priori, las quinielas para convertirse en las mayores damnificadas del 'decretazo'.
Por contra, para Repsol, el recorte representa una parte muy limitada de los ingresos totales del grupo energético pues, dada la naturaleza de su negocio, la entidad no se encuentra entre las compañías más afectadas por la medida. De hecho, la petrolera ha elevado la queja a través de Repsol Renovables, en nombre de una decena de filiales, casi todas vinculadas a la generación eólica.
En un primer momento, el Gobierno aspiraba a recaudar 2.600 millones con el mordisco a los ingresos de las eléctricas. El paso atrás del Ejecutivo, que aprobó un segundo real decreto que excluía los contratos bilaterales (PPAs) del recorte, dejó en papel mojado las previsiones del Gobierno.

Iberdrola, Endesa y Naturgy comunicaron oficialmente hace meses que al menos el 80% de su energía se encuentra bilateralizada. Este hecho, que se traduce en que el Ejecutivo no puede tocar los contratos de estos tres grupos, dio la estocada final a la reforma eléctrica del Gobierno. Con todo, dado que el real decreto del 14 de septiembre sigue vigente, el impacto del recorte se ha dejado sentir en la última liquidación de REE. Previsiblemente, el liquidador se defenderá de la ola de reclamaciones alegando que se ha limitado a cumplir lo dispuesto en esa primera ley que, además, cuenta con el respaldo del Pleno del Congreso. Dicho movimiento podría ser el pistoletazo de salida para el verdadero frente judicial, pues permitirá a las empresas elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, solicitando, bien cuestión de inconstitucionalidad, bien prejudicial, según apuntan las fuentes consultadas.

El Real Decreto Ley que el Gobierno aprobó el pasado 14 de septiembre para mitigar la escalada de los precios de la luz incluyó un recorte hasta el 31 de diciembre del 96% de los cargos de la factura de los domésticos, la parte regulada de la misma junto con los llamados peajes de acceso a las redes. Mientras los peajes son competencia de la CNMC, los cargos, que incluyen otros costes, propios o ajenos, del sistema, son responsabilidad del Ministerio para la Transición Ecológica.

El recorte de los cargos, que ha compensado en este tiempo parte de las subidas del precio mayorista de la electricidad (que va camino ya de los 300 euros/MWh), se traducía en un agujero para el sistema que la norma pretendía compensar con una minoración de los ingresos de las grandes compañías eléctricas (a la nuclear e hidráulica) que, finalmente, quedó en agua de borrajas.
Para evitar que el déficit generado, aún sin calcular, siga creciendo, el recorte queda reducido para todo el año al 31%, frente al actual 96%. El texto legal, que el ministerio ha sacado a audiencia pública, estima que estos costes del sistema eléctrico ascenderán a 9.698 millones de euros en 2022, mientras que los ingresos destinados a compensar dichos cargos sumarán 4.061 millones de euros. La diferencia será lo que pagarán los consumidores en la parte regulada de su factura: 5.186 millones de euros. A estos habría que añadir los peajes propiamente dichos que aprobará la CNMC y que pueden rondar los 7.000 millones de euros el próximo año. En 2021, las redes de transporte han recibido 1.710 millones y las de distribución 5.228 millones. Por tanto, los usuarios verán subir desde enero la parte fija de su recibo, en mayor o menor proporción, dependiendo de su tarifa.

De los cargos, el grueso corresponde a la retribución específica de las energías del llamado Recore (renovables, cogeneración y residuos), que superará los 6.630 millones de euros (el 46% del total). Le siguen el pago de las anualidades por el déficit de tarifa, 2.397 millones; las subvenciones a los sistemas extrapeninsulares, 488 millones, y otras partidas menores destinadas a la interrumpibilidad o las cuotas para el funcionamiento de la CNMC o el operador del mercado (Omie).
Algo menos de la mitad de estos costes se compensarán con los tributos de la Ley 15/2012, que incluye, entre otros, el canon hidráulico, la tasa nuclear y el impuesto del 7% a la generación eléctrica, que el Gobierno suspendió en junio para mitigar también el impacto de las subidas de los precios del pool. Entre estos tributos y las aportaciones del Estado procedentes de las subastas de CO2, sumarán unos ingresos 4.050 millones de euros.
El ministerio no desglosa estos conceptos pero teniendo en cuenta que la Ley de Presupuestos del próximo año destina 1.100 millones de la recaudación por CO2 al sistema, todo apunta a que la suspensión del impuesto del 7% seguirá siendo temporal, por uno o dos trimestres. El canon del agua supone 900 millones y la tasa nuclear, 275 millones. En cualquier caso, la ley “habilita” a la ministra a aumentar si fuese necesario esa aportación por las subastas de CO2 a lo largo del año.

Según el proyecto de orden de cargos, en el segundo semestre del año el sistema eléctrico se beneficiará de la entrada en vigor del llamado Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que sufragarán todas las energéticas y asumirá paulatinamente el coste del Recore, y de la ley que minorará la retribución de las centrales no emisoras anteriores a 2005, año en que entró vigor el sistema de comercio de derechos de emisión. Por el primer concepto el sistema recibiría 540 millones de euros a partir de junio y por el segundo, 484 millones.

 

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