Caso Villarejo: Iberdrola se resiste a proteger a del Olmo

17 de marzo de 2022

Iberdrola vuelve a mostrar su rechazo a aplicar medidas de protección al que fuera su 'controller', del Olmo, que denunció presuntas irregularidades en la contratación del comisario jubilado Villarejo.

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La compañía se apoya ahora en el Anteproyecto de Ley la protección de denunciantes de infracciones, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de marzo, para reiterar su postura contraria a que el exdirector de Funciones Corporativas consiga un estatus procesal 'especial' en el conocido 'caso Villarejo' y advertir al juez García Castellón que no tiene competencia para decidir sobre la condición que debe tener este investigado, al que considera un testigo "clave".

El equipo legal del primer grupo eléctrico a nivel nacional ha enviado recientemente un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso La Información, en el que subraya que cualquier decisión que adopte sobre este asunto puede ser "nulo de pleno derecho" porque la futura ley sobre protección de denunciantes prevé la creación de una Autoridad Independiente de Protección del Informante, que examine los requisitos para que una persona pueda ser considerada "informante" y otorgarle las garantías que se contemplen.
Es por ello por lo que considera que el juez García Castellón, encargado de investigar los negocios privados del comisario jubilado Villarejo, puede originar un "conflicto de jurisdicción" al estar adentrándose en una materia que próximamente dependerá de una figura administrativa. Asimismo, la compañía recuerda que Del Olmo está investigado en la pieza 17 del caso 'Tándem', centrada en investigar los encargos que realizó Iberdrola al agente encubierto entre 2004 y 2017, y que ya ha sido condenado por un juez de lo mercantil por sustracción de facturas. En este sentido, indica que no se puede extender la protección del informante a "aquellos casos en los que produce la comisión de delitos para acceder a la información o como consecuencia de la divulgación de información no relevante".

Así las cosas, los abogados de Iberdrola añaden que las medidas de protección que se proponen aplicar no están vigentes. Según apostillan, el juez instructor de la Audiencia Nacional preguntó a las partes su opinión sobre este asunto el pasado 27 de enero en función del texto de la directiva 'whistleblowing', si bien la base ha variado, pues a principios de este mes de marzo el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley para la transposición al ordenamiento jurídico español de la norma europea, lo que significa que los trámites parlamentarios aún no han tenido lugar.

Ante estas alegaciones, la defensa de Del Olmo ha presentado un escrito de contestación, que también ha podido ser consultado por este diario, en el que asegura que el hecho de que la legislación española no contemple aún dichas medidas de protección no puede ser motivo para denegarlas. "El ciudadano no puede ver privado el ejercicio de un derecho legitimo", enfatiza.

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