Telefónica y Orange llevan a la CNMC al Supremo

17 de noviembre de 2021

Telefónica y Orange han planteado una batalla legal en el Tribunal Supremo para analizar si tiene potestad suficiente para imponer precios en servicios no regulados, como la cesión de acceso de terceros a su red para gestionar llamadas a líneas gratuitas 900, aprovechando su posición como ‘árbitro’ en los conflictos entre diferentes operadores del mercado española.

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Las telecos entienden que en algunos de los conflictos generados en los últimos años ha sobrepasado sus capacidades legales. El Alto Tribunal ahora lo estudiará. Los dos casos iniciados por sendos grupos surgen en el año 2018. En aquel ejercicio, tanto una como otra habían sido objeto de un conflicto de interconexión ante la CNMC. El grupo Dialoga, una empresa de servicios para empresas, y British Telecom, el antiguo monopolio británico, se habían agarrado a esa fórmula, regulada por la ley, que les permite renegociar de alguna manera los precios mayoristas de servicios no regulados. En esta ocasión se trataba del precio que debían abonar a la francesa y la española por ‘conectarse’ a su red para gestionar las llamadas a numeraciones 900 y 902. La Sala de Supervisión del regulador concluyó poniendo sobre la mesa un precio máximo por cada minuto de esas llamadas.
Tanto Orange como Telefónica interpusieron recursos ante la Audiencia Nacional y los perdieron. Pero ahora han tocado a la puerta del Tribunal Supremo que, al menos, lo ha admitido a trámite para estudiar si realmente el organismo presidido ahora por Cani Fernández puede fijar esos precios en servicios que no están regulados expresamente. Desde las operadoras defienden que no. La gala insiste en que se han incumplido directivas europeas y también la propia Ley General de Telecomunicaciones. “En el caso excepcional de que proceda imponer medidas de control de precios, la autoridad deberá comunicar el proyecto de medida a la Comisión Europea; consulta que no se ha llevado a cabo y que comporta la nulidad de la resolución del conflicto”, asegura el auto referido a ese caso con BT.

Telefónica defendió en su recurso, que se basaba en la resolución de la CNMC del conflicto de acceso con el grupo de servicios de conectividad para empresas Dialoga, que la Comisión se ha excedido pues entra en un enfrentamiento entre operadores en un mercado que no está regulado, por lo que no aplica el artículo de la ley de telecomunicaciones que le permite intervenir. No hay un riesgo de interconexión real, pues hay ya un acuerdo mayorista vigente aprobado por ambas partes.
La CNMC ha tratado de tumbar estos recursos insistiendo en que tiene competencias más que de sobra para hacerlo. Sin embargo, desde el Tribunal Supremo argumentan que este caso es particular y que hay que estudiarlo a fondo. Ya ha dictado algunas sentencias respecto a la competencia de la CNMC en conflictos de interconexión entre unas operadoras y otras. Pero no habla sobre su capacidad para modificar precios incluidos en los acuerdos mayoristas firmados por ambas partes. Asegura que es aconsejable su pronunciamiento para "reafirmar, reforzar o completar su jurisprudencia en relación con la competencia para fijar precios".
Este tipo de conflictos son relativamente habituales en el sector de las telecomunicaciones en España. En no pocas ocasiones, los operadores más pequeños acuden a la Comisión para tratar de abordar lo que ellos entienden como un abuso en los precios algún problema en el acuerdo. En los últimos años esta fijación de precios máximos por parte del organismo para llamadas internacionales o para otros servicios que no están regulados se han sucedido. En caso de que el Supremo dirima que no es competente, las grandes operadoras podrán respirar más tranquilas.

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