TS desestimada la petición de Rodríguez de anular su condena

16 de noviembre de 2021

El Tribunal Supremo ha desestimado la petición de Rodríguez de suspender provisionalmente la sentencia que le condenaba a una pena de prisión de un mes y quince días como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014. La condena conllevaba la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y en la sentencia, el Alto Tribunal decidió sustituir la pena de prisión por una pena de multa de 540 euros.

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Tras la polémica retirada de su escaño y su posterior abandono de la política, Rodríguez solicitó la suspensión de su condena, al entender que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia, al juez imparcial, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con las debidas garantías, a la libertad de reunión y de manifestación, a la representación política, al principio de legalidad y al principio de proporcionalidad como principio rector que debe informar el derecho penal. Además de desestimar la suspensión de la sentencia, la Sala II del TS también rechaza la petición que reclamaba al Supremo de dirigirse a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en relación a la ejecución de la sentencia.
Sobre la petición de suspensión, la Sala recuerda que una vez ha sido declarada como firme una sentencia, debe procederse a su ejecución, y que, “a pesar de la argumentación de la representación del penado”, las consecuencias extrapenales no tienen su causa en la ejecución de la sentencia, sino en el pronunciamiento de la condena.

Añade, en ese sentido, que el Tribunal Constitucional ha declarado en su sentencia que la causa de inelegibilidad que afecta a “los condenados por Sentencia firme a pena privativa de libertad, en el período que dure la pena” no está en función del cumplimiento efectivo de la condena, que también se produce cuando se suspende, sino por ese pronunciamiento cuya carga infamante, como máximo reproche social, es la razón determinante de que el así señalado sea excluido del proceso electoral”. El auto firmado por los siete magistrados que formaron el tribunal que juzgó a Rodríguez, recuerda que al exdiputado se le impuso una pena de prisión de 1 mes y 15 días, con la accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y en cuanto a las consecuencias estrictamente penales de la condena, la pena de prisión impuesta al penado fue sustituida por una pena de multa. Según razona el auto, en este aspecto, la sentencia debe considerarse ejecutada ya que Rodríguez ha pagado la multa, mientras que la pena accesoria se encuentra pendiente de la correspondiente liquidación de condena. “No procede, por lo tanto, la suspensión solicitada”, señala la Sala.

En cuanto a la petición de dirigirse a la presidenta del Congreso, el auto indica que “las consecuencias extrapenales de la condena han sido concretadas por quien resulta competente en ejercicio de sus propias competencias en el ámbito parlamentario”.
Por otro lado, recuerda que las resoluciones de la Presidencia del Congreso de los Diputados, que se relacionan con la previsión legal de la existencia de una condena y no con la ejecución penal de la misma, “no son recurribles ante esta Sala, que carece de competencias para proceder a su revisión”. Además, resalta que no corresponde a la Sala realizar advertencias a otras Instituciones u órganos del Estado -como expresamente se solicita en el escrito presentado por Rodríguez- acerca de la forma en que deben aplicar las leyes en sus respectivos ámbitos de competencia.

Finalmente, el auto recoge, “como advierte el Ministerio Fiscal en su informe”, que tampoco procedería examinar la solicitud de suspensión en el marco de un incidente de nulidad que, al momento en el que se hizo la solicitud, no había sido planteado por el condenado.

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