El BOE publica el recurso de CEOE  sobre los planes de igualdad

17 de febrero de 2021

El Boletín Oficial del Estado da cuenta hoy del recurso contencioso-administrativo presentado por los patronos ante la sala que trata esta materia del Tribunal Supremo. Según dijo en su día, CEOE considera que la forma de elegir a las comisiones que negocian estos planes en las pequeñas empresas vulnera la "democracia" en las empresas, con ánimo de favorecer la "penetración sindical".

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En concreto, la patronal  piden ayuda a los jueces contra el método elegido para elegir a estos negociadores. Según el real decreto ley que organiza la cuestión, la comisión, cuando no exista representación sindical —habitualmente, en pequeñas empresas— se elegirá recurriendo a los sindicatos del sector. Es decir, que, si no hay representación sindical, serán los sindicatos más potentes de cada uno de los sectores —muchas veces los de clase, como CCOO y UGT— los que acudan a negociar con los empresarios la implantación de estos planes que persiguen acabar con la discriminación entre hombres y mujeres en la empresa española.

Un método que juzgan intolerable desde CEOE, como ya denunciaron en el momento de su aprobación, a través del artículo 5.3 del citado real decreto ley 901/2020, de 13 de octubre. Según CEOE, esta forma de elegir a los negociadores busca, más que lograr la igualdad en la empresa, “favorecer la penetración sindical”, allí donde los sindicatos no pintan nada. Hasta el año pasado, la ley fijaba la obligación de tener estos planes de igualdad y de registrarlos, solo a las empresas de más de 250 trabajadores. Sin embargo, en 2020, se amplió la exigencia a las compañías a partir de 50 trabajadores; una franja en la que muchísimas compañías carecen de toda representación sindical.

La norma, presentada en su día por las ministras de Trabajo, Yolanda Díaz, y de Igualdad, Irene Montero, trata de solventar la cuestión en estas pequeñas empresas, aunque de un modo que ha despertado la ira de los patronos.
Además, CEOE, que llegó a tildar la norma de “reforma laboral encubierta”, rechaza también otra consideración. Se trata de la forma que las Administraciones tratan de premiar a las empresas cumplidoras de la norma, dándoles prioridad en el resultado de los concursos públicos.
La patronal considera que la norma “obstaculiza el acceso a licitaciones públicas a las empresas que no han negociado los planes de igualdad con los sindicatos”, según dijeron en su día.

Los reglamentos obligan también a las empresas a contratar una auditoría, que fije un diagnóstico de la situación en la empresa y trace un camino para resolver posibles problemas. Una obligación para cuyo cumplimiento se establece el plazo de un año y medio desde la publicación del real decreto ley, el pasado 14 de octubre, para las empresas en la franja de 150 a 250 trabajadores; de dos años para las de 100 a 150 trabajadores; y de tres años para las de 50 a 100.

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