Iglesias quiere frenar Madrid Nuevo Norte

15 de abril de 2021

Unidas Podemos impulsará la regulación de los alquileres en la comunidad de Madrid con la limitación del precio al 30 por ciento del salario medio de los hogares en las zonas de mercado tensionado donde se ubique la vivienda, gravará y expropiará el uso de viviendas vacías de grandes propietarios y frenará el proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte si llega al poder tras las elecciones del 4 de mayo.

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"Tenemos un compromiso con el derecho a la vivienda. Ha llegado la hora de proteger y promover este derecho en Madrid, un derecho fundamental que nos ha sido arrebatado en los últimos 26 años. Por eso promovemos estas medidas para conseguir que la región deje de ser el paraíso de la especulación inmobiliaria", ha afirmado en un vídeo publicado en redes sociales la candidata de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid y exabogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Alejandra Jacinto.
Entre otras medidas, también insta a expropiar el uso de la vivienda vacía en manos de grandes propietarios (bancos, socimis, fondos de inversión o propietarios de más de 10 viviendas) para destinarla a alquiler social tal y como ha anunciado el propio Iglesias a través de un vídeo en redes sociales. "Así movilizamos la vivienda en aquellos casos que se incumpla la función social de la vivienda prevista en la Constitución mediante la cesión obligatoria de uso", ha explicado.

De esta forma, las viviendas que se incorporen al parque público de viviendas en alquiler serán puestas a disposición de jóvenes, parados de larga duración de más de 50 años, familias monomarentales y otros colectivos vulnerables con alquileres asequibles, estableciendo el precio social del alquiler en el 15 por ciento de los ingresos medios de los hogares en la zona en la que se halle sito el inmueble. Asimismo, Unidas Podemos plantea un nuevo impuesto a la vivienda vacía de grandes propietarios y especulares, "que actualmente impide que bajen los precios de los alquileres" -cuyo uso no haya sido expropiado para alquiler social-, en consonancia con el trabajo que se está llevando a cabo en la Comunidad Valenciana. "Si eres un pequeño propietario esto no te afecta, quedarás exento.

Finalmente, la formación morada ve necesario aprobar la primera Ley de Derecho a la Vivienda de la Comunidad de Madrid con enfoque de derechos humanos, tomando como punto de partida la Iniciativa Legislativa Popular presentada en la Asamblea de Madrid por asociaciones a favor del derecho a la vivienda fue rechazada en 2017 por PP y Ciudadanos.
Con ello, Unidas Podemos vuelve a apostar por las propuestas en materia de vivienda como uno de los elementos centrales de su candidatura a los comicios del 4 de mayo y traslada al ámbito autonómico uno de sus principales objetivos mientras estuvo en el Ejecutivo estatal: la regulación del alquiler.

Precisamente la regulación del precio del alquiler fue uno de los compromisos del acuerdo de gobierno coalición entre PSOE y Unidas Podemos a nivel nacional, que también plasmaron en el pacto sobre los Presupuestos Generales del Estado. Su plasmación se negocia entre ambos socios en el marco de la nueva Ley de Vivienda, que el candidato quería encarrilar antes de dejar sus cargos ejecutivo con un sistema que fije un tope de precios en zonas de mercado tensionado (aunque el PSOE apuesta por un sistema de incentivos fiscales a propietarios que bajen su vivienda).

Así, la normativa daría cobertura competencial a ayuntamientos y comunidades para intervenir el mercado del alquiler para fijar límites de precios. En esta nueva ley estatal tanto PSOE como Unidas Podemos han avanzando también en incluir un recargo al IBI como fórmula para gravar la vivienda vacía, aunque no han pactado aún la cuantía que tendría dicho recargo y que la formación morada quiere que tenga un margen mucho más elevado que el 50% inicialmente planteado por el Ministerio de Transportes. En el ámbito de Madrid el exvicepresidente alude directamente a un impuesto sobre la vivienda vacía.

Por otro lado, los morados reclaman introducir en la Ley de Vivienda estatal la obligación de que los grandes propietarios destinen el 30 por ciento de sus viviendas a alquiler social, lo que supondría incorporar en el conjunto del país entre 140.000 y 150.000 viviendas al parque público.
De esta forma, la propuesta del líder de Podemos, en Madrid pivota sobre este techo, pues en la regulación recogida en su programa pauta que los alquileres no puedan superar el 30% del salario medio de la zona correspondiente en zonas objetivamente con mercado tensionado. En un actos específico sobre vivienda, Iglesias subrayó que los alquileres en Madrid han subido un 57% entre 2015 y 2020 y que en 2019 las familias dedicaban el 55% de su salario a pagar la renta, que en el caso de los jóvenes se eleva incluso a más de todo su sueldo. También citó que siete de los 20 municipios con los alquileres más caros se ubican en Madrid

También retoma la definición de gran propietario que se incluyó en el decreto antidesahucios del Gobierno central, al incluir dentro de esta definición a propietarios con más de 10 inmuebles.

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