La Generalidad quiere mas 

29 de agosto de 2021

A partir del próximo miércoles, 1 de septiembre, Cataluña dejará de tener peajes en las vías rápidas de competencia estatal, pero persistirán de forma explícita o implícita en una decena de concesiones que son competencia de la Generalitat de Cataluña.

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Si a la petición del Govern se suma el rescate de las nueve vías rápidas catalanas con concesión de peaje en la sombra, la factura se elevaría en 1.700 millones, hasta un total de 3.200 millones, si bien desde la Generalitat apuntan que en ese caso hay otras alternativas al rescate, ya que el modelo de peajes en la sombra se basa en el tráfico de vehículos que pasan por dichas vías y se podrían aplicar fórmulas mixtas para acomodarlo al nuevo modelo de pago por uso que defiende la Unión Europea.
De todas formas, la administración autonómica aspira a controlar todas las infraestructuras catalanas, y por ello Puigneró exigió el 2 de agosto a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, el traspaso de la AP-2 y la AP-7 para una gestión "de proximidad y más eficaz", si bien no hay respuesta por el momento. Entonces, el protagonismo se lo llevó el acuerdo para la ampliación del Aeropuerto de El Prat.

Mientras se decide el nuevo modelo viario, los Presupuestos de la Generalitat asumirán el desmantelamiento de los peajes (7,5 millones) y la conservación de la C-32 y la C-33 (6 millones anuales más 15 cada cinco años para reasfaltado). El impacto en las cuentas será casi neutro, ya que se ahorrarán hasta 15 millones anuales de bonificaciones en los peajes desaparecidos.
 

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