La Audiencia de Barcelona ordena imputar a Colau por la querella de un fondo buitre

25 de abril de 2022

La Audiencia Provincial de Barcelona ha admitido a trámite una querella del fondo buitre Vauras Investments contra la alcaldesa de la capital catalana, Colau, por coacciones y prevaricación administrativa al fondo de inversión Vauras. Las presiones denunciadas se dirigieron a que el fondo diera en alquiler social pisos de su propiedad, entre ellos el Bloc Llavors, que estaban ocupados por familias vulnerables.

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El edificio estuvo okupado desde 2017 y fue desalojado en el sexto intento de los Mossos d'Esquadra el 3 de marzo de 2020. La negativa de Vauras a ofrecer un alquiler social a los ocupantes, tal y como marca la ley catalana de Vivienda, llevó al Ayuntamiento a multar al fondo con 417.000 euros. A finales de 2020 este se querelló contra Colau por cercanía con grupos okupas, pero el caso fue archivado, porque ni fiscal ni jueza instructora del Juzgado de Instrucción número 38 de Barcelona vieron delito en la actuación municipal. Ahora se ha reabierto al admitir la querella la Audiencia Provincial.
Además de contra Colau, la querella esta va dirigida contra el concejal de Sants-Montjuïc, Marc Serra; la de Vivienda, Lucía Martín; y Fuensanta Alcalá, responsable de Disciplina de Vivienda e Inspección. En contra del criterio de la fiscalía y de la instructora del procedimiento, la Audiencia de Barcelona mantiene que el caso debe investigarse por la vía penal.

La Audiencia considera, sin embargo, que no hay indicios para atribuir a la alcaldesa el resto de delitos que esgrime Vauras: extorsión, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. En concreto, Vauras atribuye las presuntas coacciones a dos reuniones entre la empresa y el consistorio donde Martín supuestamente "habría reconocido abiertamente el apoyo del Ayuntamiento al movimiento okupa y la realidad de esas presiones y de ese presunto mercadeo de permisos de obras a cambio de cesión de viviendas para alquiler social", lo que el Ayuntamiento niega.
Por eso, los jueces de la Audiencia de Barcelona ven necesario investigar los hechos y que la jueza instructora cite a Colau, Serra y Martín para interrogarles como investigados. Como la Fiscalía, el Ayuntamiento pidió al tribunal desestimar el recurso de Vauras y dejar la investigación del caso cerrada, como había decidido la primera jueza, indica Europa Press. El Ayuntamiento reconoce que requirió varias veces a Vauras para que ofreciera un alquiler social a las personas que ocupaban su edificio de la calle Lleida 38, conocido como Bloc Llavors, pero recuerda que así lo prevé la ley catalana de emergencia en la vivienda y descarta que el consistorio cometiera ningún delito en el procedimiento.

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