Foment no quiere la reforma laboral de Diaz/Agentes Sociales

12 de enero de 2022

Foment del Trabajao ha elaborado un documento interno, según el cual la reforma de momento pactada y pendiente de discusión en el Parlamento, plantea cierta inseguridad jurídica provocada por algunas de las modificaciones del marco de relaciones laborales que se han introducido en el real decreto ley que tiene que convalidar el Congreso de los Diputados y plantea la necesidad de que se clarifiquen o incluso se supriman durante la tramitación parlamentaria.

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Y a Foment, se unen ahora la madrileña CEIM o las sectoriales del motor (Anfac) y del campo (Asaja). "La división interna es total en estos momentos", admiten desde la cúpula de la CEOE. Los empresarios catalanes celebraron este lunes una reunión de su junta directiva en la que expusieron cada uno de sus motivos para rechazar la reforma laboral. Para ello se ayudaron de un extenso dosier que resume los principales cambios que introduce el real decreto ley y cómo van a afectar a las empresas: la limitación de las modalidades contractuales, los recargos a los contratos temporales, el nuevo marco para la subcontratación de obras y servicios, la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial en materia salarial y de la ultraactividad de los convenios, el nuevo esquema de ERTE, el endurecimiento del régimen sancionador y el aumento de las multas... Toda una compilación de medidas que, a juicio de Foment, no responden a las necesidades del tejido empresarial y suponen un importante retroceso en materia de flexibilidad. "Nos han colado un gol", lamentan desde la patronal catalana fuentes que aseguran que Garamendi "ha cometido un grave error" dando su apoyo al Gobierno en esta reforma "diseñada para los sindicatos".


Por su parte, CEOE defiende el argumento contrario para justificar su respaldo -no unánime- al pacto tripartito: que las medidas acordadas mantienen intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas. Pero la sección catalana de la organización no solo no comparte esa valoración, sino que va más allá y advierte en el citado informe interno de que algunos apartados de la norma, tal y como están redactados, generan inseguridad jurídica. Es el caso del artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, que se modifica para establecer que "las personas trabajadoras fijas-discontinuas tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios efectivamente prestados". Un cambio que Foment considera que "genera inseguridad jurídica y abre la puerta a interpretar que, incluso las indemnizaciones por despido, se calculen considerando toda la relación laboral y no el tiempo de servicio efectivamente prestado".


El sector turístico catalán es uno de los más preocupados por esa modificación que afecta de lleno a sus costes. En un comunicado, la Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Cataluña (ConfeCat) calificó de "ilógica e insostenible" la decisión del Gobierno de modificar al alza las indemnizaciones por despido de los trabajadores fijos discontinuos y exigió que sea "corregida de forma urgente". La confederación se mostró "perpleja" ante este cambio y su presidente, García-Nieto, manifestó que "no tiene ningún sentido esta modificación de una herramienta estable y consolidada, que pone en peligro la viabilidad y competitividad de las empresas que forman parte de una industria turística estacional imprescindible y de éxito, que genera una actividad laboral de calidad e indispensable para nuestro país".

En esa misma línea, en el citado documento interno, que lleva el sello de Foment del Treball Nacional, los empresarios catalanes advierten de la necesidad de que algunas de las modificaciones introducidas en el real decreto ley, como por ejemplo en el caso de los fijos discontinuos, se supriman o clarifiquen durante la tramitación parlamentaria. Y es que el Gobierno aprobó la reforma por real decreto ley para cumplir con los plazos pactados con la Comisión Europea y ahora el Congreso debe decidir si la convalida o la tramita como proyecto de ley para introducir modificaciones. Fuentes gubernamentales insisten en que la intención es mantener el texto tal y como se pactó con los agentes sociales, pero para ello el Ejecutivo tiene que conseguir los apoyos parlamentarios suficientes fuera de sus socios habituales, que ya han advertido de que la reforma presentada es "maquillaje" y solo la apoyarán si se les permite participar en su contenido.

El propio Garamendi ha exigido al Gobierno que no toque ni una sola coma del acuerdo que alcanzaron a finales de diciembre y que mantenga el texto intacto, tal y como salió publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero dentro de su propia organización empresarial, algunas patronales demandan cambios en lo pactado con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos con cierta nocturnidad. "No conocíamos ni el contenido ni la letra pequeña de la reforma cuando se nos quiso hacer votar a favor, no teníamos la información suficiente para tomar una decisión de tal calibre", explican desde Foment. "La reforma laboral que necesita este país es otra y si no se arregla durante el trámite parlamentario Garamendi va a tener un grave problema interno", añaden fuentes que advierten de que el empresario vasco "se juega la reelección a finales de año si no reconduce la situación".

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