Según los consejeros, “no había posibilidad humana” de saber la intervención de este familiar directo por la que cobró dinero público por hacer gestiones para importar material desde China.
“La Comunidad de Madrid no puede saber cuánto perciben ni el trabajo que hacen las personas que trabajan para otras empresas. Ni siquiera tenemos base legal para saberlo”, “el nombre de Tomás Díaz Ayuso no aparece en la factura ni tendría por qué aparecer”, “Tomás Ayuso no influye en que el Servicio Madrileño de Salud cierre esa contratación”, han dicho los consejeros. Minutos después han ido más allá al negar la capacidad que tenían de saber que el hermano estaba participando en esa gestión: “Qué personas intervienen en cada uno de los procesos de bienes y servicios que adquiere la Comunidad de Madrid no hay posibilidad humana de saberlo”.
Fernández Lasquetty y Ruiz Escudero centraron su mensaje en tres ideas: la situación de pandemia era “dramática”, no tenían capacidad para saber la implicación del hermano, la presidenta de la Comunidad de Madrid no intervino en ninguna decisión y el contrato con la empresa a la que se le pagó un millón y medio pasó todos los controles de legalidad. Es la empresa Priviete, cuyo administrador único es un amigo de la familia Ayuso sin experiencia previa en el sector y los consejeros han informado que no se ha vuelto a contratar con ella.
Preguntados por el conflicto de intereses sobre la contratación con familiares recogido en el Código Ético de altos cargos desde 2016, los consejeros han defendido que se cumple “perfectamente”. “La presidenta de la comunidad no ha intervenido en ninguna fase de este contrato y no supo nada de todo esto hasta un año y pico después. Quien contrata es una Dirección General del Servicio Madrileño de Salud y se informa al Consejo de Gobierno como se hace con todos los contratos”, ha afirmado Fernández-Lasquetty.
Estaba previsto que en esta rueda de prensa ofrecida en la sede de la Comunidad de Madrid compareciese también el consejero de Justicia e Interior y hombre fuerte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Enrique López. Ex magistrado del Tribunal Constitucional, López también es al mismo tiempo Secretario de Justicia y Administraciones Públicas del Partido Popular bajo la presidencia de Casado. “Hemos considerado que para hablar sobre el contrato estaba la Consejería de Economía y Hacienda. Entendíamos que era más que suficiente. El consejero (López) ha continuado con su agenda”, han justificado.