Nuevas diferencias en la coalición por los impuestos

24 de julio de 2022

Tres horas y media pasaron este sábado desde que el portavoz de Unidas Podemos, Echenique, dio por hecho que el PSOE había asumido la propuesta morada de llevar al Código Penal el delito de repercusión a los consumidores del nuevo impuesto a las energéticas y a la Banca, a tener que rectificar y decir que «lamentablemente, desde Unidas Podemos, comunican que todavía no existe un acuerdo sobre este punto con el socio de Gobierno».

Compartir en:

Todo empezó cuando tras anunciar el jefe del Ejecutivo, que la próxima semana PSOE y Unidas Podemos llevarán al Congreso una proposición sobre los nuevos impuestos que prohibirá por ley que dicha subida se traslade al consumidor final, Echenique calificó de «gran noticia que el PSOE haya aceptado nuestra propuesta de incluir un delito específico en el Código Penal por repercusión artificial a los precios finales del aumento de impuestos. Es un atentado contra el interés general que no se puede permitir».


Fuentes de Podemos matizan que el grupo «se encuentra a la espera de recibir la propuesta de texto de la ley anunciada hoy por el presidente. Desde UP trabajarán intensamente para que, primero, el impuesto extraordinario a las energéticas y a la banca sea lo más ambicioso posible y, segundo, que la prohibición de repercutir la subida en los precios sea eficaz». Y para ello, advierte, «la reforma del Código Penal es condición imprescindible».
La propuesta del Grupo Confederal propone la modificación de dos artículos del Código Penal, el 284bis y el 288. En el primer caso, el redactado quedaría de la siguiente manera: «Serán castigados con penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses, los administradores de hecho o de derecho de entidades (…) que presten servicios o suministren bienes considerados de primera necesidad, que con motivo de modificaciones del sistema tributario que afecten a su actividad económica, alteren los precios de venta al público con el fin de trasladar a los consumidores y usuarios el aumento de la carga tributaria derivada de dichas modificaciones».

Y la pena puede superar a los cinco años de prisión. «Cuando la entidad opere en un sector estratégico para la economía nacional -lo que apunta claramente a las energéticas y a la Banca- y la conducta afecte gravemente al interés general, la pena a imponer será de dos a diez años de prisión y multa de dos a cinco años». En su propuesta legislativa también se amplían las penas de prisión y las multas para las personas jurídicas.

 

Compartir en:

Crónica económica te recomienda