PGE 2023: PNV, ERC y Bildu evitan su devolución y se lo cobran a Sanchez

21 de octubre de 2022

El Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu han decidido, finalmente no presentar ninguna enmienda a la totalidad de las cuentas, pero su precio será elevado porque siguen amenazando con peticiones y mas peticiones.

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En el último día de plazo para la presentación de estos vetos, que se debatirán el próximo jueves en el Congreso de los Diputados, las tres formaciones han decidido no hacerlo, pero eso no quiere decir que ya este todo negociado. En concreto, Esteban, portavoz del PNV, ha señalado que "no vamos a presentar finalmente una enmienda a la totalidad", pero anunció, que, tras "un diálogo constante en la ejecución" de las partidas de los Presupuestos 2022, el resultado "va a ser un balance satisfactorio", porque "se ha invertido la tendencia que traíamos". Sin embargo, el principal motivo fue, explicó, haber llegado con el Gobierno a "un acuerdo para renovar la ley quinquenal de cupo", puesto que la vigente era la establecida para el período 2017-2021. "Empezábamos a entrar en un punto de cierta inseguridad jurídica", observó sobre la norma que regula la compensación del País Vasco al Estado por las inversiones estatales en la comunidad.

Por su parte, ERC indicó en un comunicado que con esta decisión "da margen y contribuye a generar las condiciones que permitan mantener abiertas las negociaciones que están en marcha, plenamente conscientes del contexto grave de crisis económica y social que tenemos que atender". Y pese a renunciar a la enmienda a la totalidad, ERC avisa de que todavía está "muy lejos" de poder aprobar las cuentas. A su juicio, los presupuestos tienen "un amplio margen de mejora" y deben ir acompañados de medidas "estructurales exigentes" en materia de vivienda y cambio de modelo energético y de una "adecuada" financiación autonómica y local y reformas fiscales para paliar la situación de emergencia social. También reclama el cumplimiento de las inversiones en infraestructuras en Cataluña, cuya ejecución ha sido "manifiestamente insuficiente". Considera "imprescindible" establecer mecanismos para cumplir con las inversiones presupuestadas en esta comunidad, así como que todos los actores contribuyan a generar las condiciones de confianza necesarias para mantener "vivas" las negociaciones en marcha, con el objetivo de poder llegar a acuerdos.

Finalmente, EH Bildu, toma la decisión de no enmendar los presupuestos para continuar avanzando en las negociaciones. Pese a ello, igual que ERC, advierte de que sus votos no están asegurados para sacar adelante los presupuestos.

AIReF propone a los partidos que cada gobierno se comprometa a una senda de gasto y deuda al inicio de la legislatura


La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publica un documento técnico sobre la reforma de la gobernanza fiscal, en el que propone que cada Gobierno entrante proponga al inicio de su mandato un ancla de deuda específica para su país y comprometa una senda de gasto derivada de ella para toda la legislatura.

Esta senda, que deberá ser aprobada por el Parlamento y las autoridades comunitarias, sería la referencia vinculante para
los cuatro años siguientes.
Tal y como afirma la AIReF al inicio del documento, la deuda pública en la economía española ha alcanzado niveles no vistos anteriormente en tiempos de paz. En este contexto, es fundamental diseñar una estrategia de política fiscal a medio y largo plazo que genere márgenes de maniobra para hacer frente a futuros retos y perturbaciones económicas. En opinión de la AIReF, esta estrategia fiscal debe asentarse en un marco fiscal que permita preservar la función estabilizadora de la política fiscal en situaciones
adversas y garantizar al mismo tiempo la sostenibilidad de las finanzas públicas.

  • La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, presenta una propuesta concreta con elementos específicos para cada país • El ancla de deuda será específica para cada país y la senda de gasto anual deberá ser aprobada por el Parlamento nacional y las autoridades comunitarias • Los Presupuestos de cada año se deberán ajustar a dicha senda de legislatura para fomentar una convergencia firme hacia sendas de deuda más prudentes • Este nuevo marco fiscal contemplaría una cláusula de escape para poder revisar la senda comprometida en circunstancias excepcionales • La propuesta de la AIReF incluye un papel más importante de las IFIs en la supervisión fiscal en situaciones de bajo riesgo, manteniendo el papel central de la Comisión

Hasta ahora, el marco fiscal vigente tras las modificaciones que se introdujeron con la Gran Recesión, pese al enorme entramado de reglas y procedimientos que contiene, no ha bastado para diseñar políticas fiscales nacionales estables y predecibles. En términos generales las políticas fiscales nacionales han tenido un carácter procíclico y no han impedido el incremento progresivo de las ratios de deuda pública hasta valores que aumentan la vulnerabilidad de las economías ante eventuales cambios en la percepción de los mercados que pueden poner en riesgo la estabilidad de la propia UEM. Consciente de estas debilidades, la Comisión Europea (CE) inició un proceso de revisión del marco fiscal en febrero de 2020 que se vio interrumpido por la pandemia de la COVID-19.

La consulta se retomó en octubre de 2021 y permitió a la CE recabar opiniones sobre cómo asegurar la sostenibilidad de la deuda pública a largo plazo y permitir al mismo tiempo la estabilización económica a corto plazo; cómo incentivar la inversión y las reformas estructurales; vías para simplificar las reglas y mejorar su transparencia o cómo mejorar la coordinación de las políticas fiscales y tener en cuenta la posición del conjunto de la economía de la eurozona.  LA AIReF participó en esa consulta y publicó su contribución en enero de este año.
Ahora, con este documento trata de hacer operativa esta propuesta teniendo en cuenta que el marco fiscal actual ha operado con tres problemas fundamentales: el anclaje de la política presupuestaria a través de objetivos de déficit nominales, que ha exacerbado su prociclicidad; una gran volatilidad de los objetivos fiscales – tanto en el medio, como en el corto y muy corto plazo; y una escasa apropiación política por parte de los Gobiernos nacionales de las sendas fiscales, puesto que la iniciativa para proponerlas y aprobarlas ha recaído fundamentalmente en instituciones comunitarias.
Por ello, y en el contexto de debate sobre la reforma de la gobernanza económica y fiscal en la UE, este documento técnico aborda tres elementos que debería contemplar la reforma: los aspectos temporales, materiales e institucionales aplicados al contexto específico de la economía española.

En cuanto a los aspectos temporales, el marco debe combinar, por un lado, la flexibilidad necesaria para dar respuesta a perturbaciones que en los últimos años han sido más frecuentes de lo que se pensaba y, por otro lado, una orientación a medio plazo de la política fiscal, que permita internalizar las implicaciones que las decisiones actuales tienen para la sostenibilidad futura de la deuda.
En cuanto a los aspectos materiales, desde 2018 AIReF ha trabajado en torno a la propuesta de articular la reforma del marco fiscal con un ancla de deuda y una regla operativa de gasto en el corto y medio plazo. Este marco permitiría combinar en mejor medida la factibilidad y exigibilidad de los compromisos.
Sobre esta base, el documento técnico propone una metodología para fijar un ancla de deuda específica para España que genere una senda factible de reducción. A la hora de establecer esta ancla se tiene en cuenta la información del país en cuanto al nivel de deuda de partida (presente), la evolución histórica de la ratio (pasado) y las proyecciones tendenciales de ingresos y gastos públicos (futuro), para tener en cuenta las implicaciones de los compromisos de política fiscal adquiridos. Una vez derivada el
ancla de deuda, sus implicaciones para la política fiscal a corto y medio plazo se plasman a través de una senda de gasto primario en niveles, neta de nuevas medidas de ingreso. Para ilustrarlo, el documento técnico propone un ejemplo a partir de un ejercicio de simulación.
Relacionando los aspectos temporales con los materiales, la propuesta de este documento implicaría que cada Gobierno entrante proponga a las instituciones comunitarias al inicio de cada mandato un ancla de deuda y una senda de gasto derivada de ella que, siendo factible, contribuya a una reducción suficiente de la ratio durante la legislatura. Esta senda, que deberá ser aprobada por el Parlamento y las autoridades comunitarias, sería la referencia vinculante en los cuatro años siguientes.
Sin embargo, esta senda podría modificarse, por ejemplo, en caso de un cambio de gobierno, si las condiciones del mercado de deuda se deterioraran de manera drástica o en circunstancias excepcionales mediante la existencia de una cláusula de escape ligada a un contexto de recesión. Las autoridades independientes seguirían jugando un papel relevante a la hora de evaluar la concurrencia de esas circunstancias excepcionales.
De esta forma, en cierto modo se replicaría en el ámbito fiscal el esquema de gobernanza del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esto daría a cada Gobierno la posibilidad de plantear sus propias prioridades y sendas, dentro de unas orientaciones comunes para todos los Estados miembros, fomentando de este modo su apropiación política. Al mismo tiempo, la inversión de capital político en el diseño y aprobación de la senda fiscal incrementaría el coste reputacional asociado a su incumplimiento o
modificación, dotando de más estabilidad a las sendas de medio plazo. Una senda vinculante propuesta al inicio de la legislatura podría incrementar de manera notable el coste político asociado a su modificación.

El papel de las IFIs

Por último, en cuanto a los aspectos institucionales, la necesidad de que el nuevo marco fiscal refleje mejor las especificidades de cada país puede afianzarse a partir de la labor de las instituciones independientes nacionales. Estas instituciones están particularmente bien posicionadas para proporcionar información útil al debate nacional en aspectos como el análisis de sostenibilidad de la deuda o las proyecciones fiscales a políticas constantes de medio y largo plazo que se requieren en el enfoque propuesto, además de vigilar el cumplimiento de las reglas y el grado de realismo de las proyecciones macroeconómicas y presupuestarias.
Las instituciones fiscales podrían asumir la supervisión fiscal en circunstancias de bajo riesgo, con informes periódicos a los homólogos de la UE en los foros pertinentes. La Comisión Europea mantendría su papel central a la hora de proporcionar orientaciones de política fiscal específicas para cada país y el conjunto del área del euro. Además, en caso de falta de cumplimiento por parte de los gobiernos, la supervisión pasaría totalmente a manos de la CE que podría establecer requisitos más estrictos aumentando el coste reputacional de incumplimiento.

 

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