Podemos pierde los papeles

24 de octubre de 2021

La decisión de la presidenta Batelet de cumplir la sentencia del TS e inhabilitar al diputado Rodríguez ha encrespado los ánimos de Podemos. Y sus redes sociales han sido el camino para que muchos de sus lideres despotriquen e incluso amenacen con querellarse contra la presidente del Congreso.

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La formación morada acusó al Congreso y al TS de cometer un delito de «prevaricación». De hecho, a última hora de la tarde fuentes de la formación confirmaron que interpondrán una querella contra Batet por prevaricación: «La decisión que ha tomado cediendo ante la vergonzosa presión del Supremo y a la extrema derecha hace un daño enorme a la democracia y a nuestro país».

Por su parte la Comisión Permanente del Consejo CGPJ reprochó a a la ministra de Derechos Sociales Belarra, un mensaje en redes sociales donde cuestionaba la sentencia condenatoria del TS contra Alberto Rodríguez y la posterior retirada del escaño por decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. En un comunicado, el órgano de gobierno de los jueces mostró su «absoluto y rotundo rechazo» a las manifestaciones de Belarra «con mayor rotundidad que en otras ocasiones» porque atribuyen «la comisión de un delito a sus magistrados», una afirmación que, a su juicio, «excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión» además de «generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación», afirman.

El CGPJ recuerda que Belarra es «un miembro del Poder Ejecutivo» por lo que este tipo de declaraciones sitúan «las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable». La ministra calificó en Twitter de «prevaricación» la retirada del escaño a Rodríguez, y acusó al Supremo de presionar a Meritxell Batet para que se lo quitara pese a que «ambos saben» que esa inhabilitación no es lo que dice la sentencia. El Consejo muestra «su profundo malestar» por que las declaraciones «hayan sido formuladas por un miembro del Gobierno» y defiende que el TS y el resto de tribunales «han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad» independientemente de cuál «sea la posición política o social de los enjuiciados».

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