Banca y seguro piden a Bruselas estar exentos del impuesto digital 

16 de febrero de 2021

La banca y el sector asegurador europeo han aprovechado la fase de consulta abierta por la Comisión Europea sobre su futura tasa digital para reclamar estar exentos de su recargo y avalar, con más o menos énfasis, un tributo al estilo del barajado por la OCDE o, directamente, pedir que se espere a aplicar el que se determine finalmente en el seno de dicho organismo internacional.

Compartir en:

Entre las 59 respuestas que ya ha recibido el Ejecutivo comunitario sobre su propuesta fiscal hasta ahora figura la emitida por la Federación Europea de Bancos que da voz a 32 asociaciones nacionales del sector en la región y aglutina a más de 3.500 bancos, incluida la patronal española AEB y sus entidades socias.
También ha presentado observaciones la Asociación Europea de Bancos Cooperativos que reúne instituciones cooperativas de 22 países de todo el mundo entre las que figuran las aglutinadas en la española Unión Nacional de Cooperativas de Crédito y el Banco de Crédito Cooperativo; y la Federación Europea del Seguros y Reaseguros (Insurance Europe), que entre sus 37 asociaciones nacionales acoge a Unespa. Son las tres plataformas corporativas más representativas a escala europea de todas las patronales y asociaciones nacionales del mundo del seguro y bancario de los diferentes países, y sus comentarios ofrecen una respuesta casi unívoca en el fondo aunque con planteamientos diferentes.

La Federación Europea de Bancos expone que el objetivo que mueve un gravamen digital en la UE es el mismo que lo inspira en la OCDE, en alusión a la bautizada como 'Tasa Google' para obligar a las empresas digitales a tributar por sus ingresos y no escapar a Hacienda como ahora. En la OCDE los trabajos han quedado retrasados por la pandemia, en su intento de alcanzar un marco fiscal global para evitar disputas comerciales derivadas de las tasas.

La organización de la que forman parte la AEB y los bancos españoles recuerda al respecto que los análisis realizados en la OCDE han llegado a concluir que "existen razones políticas y técnicas claras para excluir los servicios de la industria bancaria del ámbito de aplicación del nuevo derecho fiscal para los servicios digitalizados automatizados y las empresas de cara a los consumidores". Abogan además por que "cualquier propuesta se base en el consenso internacional y el acuerdo para evitar la posibilidad de consecuencias fiscales no intencionales y disputas entre jurisdicciones". La Asociación Europea de Bancos Cooperativos, donde están representadas las cajas de ahorros y bancos cooperativos españoles, confiesa que "acoge con satisfacción" los planes de la Comisión Europea "para abordar la cuestión de la fiscalidad justa de la economía digital", demandando también la exoneración de las entidades financieras, tanto en la banca de inversión como en los servicios orientados al consumidor.

En apoyo de esa petición alega que, para ejercer la actividad financiera, las autoridades requieren tener algún tipo de presencia para poder ejercer su función de supervisión y proteger a los consumidores locales e, incluso, una licencia, aún en ausencia de una poblada red de sucursales, lo que garantiza que tributan por su actividad e ingresos.

Agrega que "las instituciones políticas no han expresado ninguna preocupación con respecto al nivel de imposición de los bancos", de forma que "no hay necesidad de rectificar ninguna injusticia en términos de participación en los beneficios".
Además, subraya que la banca "es una de las industrias que se ha visto enormemente afectada por la nueva regulación y los costos adicionales de cumplimiento en los últimos años con el fin de reducir los riesgos y salvaguardar la estabilidad financiera", de forma que un impuesto adicional al sector financiero "perjudicaría el crecimiento y reduciría la liquidez a nivel mundial, sin resolver de ninguna manera el problema de la fiscalidad de las actividades digitales".

En una línea muy similar se expresa la Federación Europea del Seguro o Insurance Europe, a la que están adheridas las compañías aseguradoras y reaseguradoras españolas a través de la patronal Unespa. A su juicio, la distribución de los derechos fiscales entre los países "es una cuestión que debe abordarse a nivel mundial, de lo contrario los terceros países pueden imponer aranceles como contramedida contra la UE". La organización ve "favorablemente" la labor que se está llevando a cabo actualmente en el seno de la OCDE al respecto, instando a "evitarse todas las propuestas apresuradas que puedan llevar a la superposición con el resultado de la OCDE y a la doble imposición" y apostando por adoptar cualquier solución en línea con lo que se acuerde ahí en su momento.

En cuanto a las aseguradoras reclama igualmente que no se les aplique el tributo con la misma explicación de que las compañías ya cumplen fiscalmente en los mercados donde operan, al exigírseles tener presencia local. Según detalla, cumplen con tributos societarios, con los impuestos indirectos ligados al riesgo y venta de pólizas y además son "uno de los principales pagadores" de los impuestos por transacciones financieras aprobados "en muchos Estados miembros de la UE" por su carácter de grandes inversores.

"El gravamen digital añadiría sólo otra capa de impuestos basados en los ingresos", agrega la asociación europea, advirtiendo de que "es probable que cualquier impuesto adicional dé lugar a un aumento de los costes para los consumidores finales".

Compartir en:

Crónica económica te recomienda