Podemos vuelva a la carga contra Muface 

21 de septiembre de 2021

Unidas Podemos ha registrado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados en la que busca recuperar su estrategia de dejar morir el sistema de Muface en España mediante la pérdida paulatina de clientes.

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De esta forma, piden que las personas que se conviertan en funcionarios sean recogidos por la seguridad social en lugar de poder elegir el sistema que prefieran, como ha sido hasta ahora. En su día, la responsable de Sanidad en el partido morado, Botejara, señalaba que el sistema genera inequidades entre los ciudadanos. Poco después de conocer la noticia, la patronal de la sanidad privada, Idis, ha emitido un comunicado en el que rechazan de plano la propuesta de Unidas Podemos en base a argumentos económicos. "El mutualismo administrativo, como mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado, ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año. Se trata de un dato incontestable extraído del ahorro que se genera por cada mutualista, ya que la prima media es muy inferior al gasto sanitario público per cápita, en concreto 451 euros menos", explica la patronal que engloba a las empresas que prestan el servicio al Estado.

En base a esos datos, la patronal indica que suprimir el modelo, objetivo último de Unidas Podemos, costaría unos 3.000 millones de euros al Sistema público para poder atender a los casi 1,8 millones de mutualistas que existen en la actualidad. Esa cantidad, añaden, no incluiría "las inversiones que sería necesario llevar a cabo para poder dar asistencia".
La actual ministra de Sanidad ya le ha dejado claro a Podemos que su modelo cuenta con Muface. Cuando era titular de Política Territorial y Función Pública ya dijo en dos ocasiones (en el Senado y por carta a la oposición) que el Gobierno seguiría contando con el sistema de aseguramiento. 

Sin embargo, parece que hay dos almas en el Ministerio de Sanidad. Hace un año vio la luz el 'Plan de Acción para la Transformación del Sistema Nacional de Salud en la era Post-Covid 19', un documento firmado por el ex secretario general de Sanidad Blanco. En el informe, dentro de las acciones a emprender para "mejorar la eficiencia económica en salud", se marca en su primer punto que hay que "abordar, en el sentido que orienta la Ley 14/1986, General de Sanidad, la situación de las mutualidades con financiación pública directa (Muface, Mugeju e Isfas), así como la financiación indirecta mediante desgravaciones a seguros comerciales de salud". Una frase que el sector entiende como una eliminación de facto.

Además, la  desaparición del mutualismo de los funcionarios supondría la pérdida de unos 39.000 empleos, el incremento de 88 a 122 días en las listas de espera de consultas médicas externas, del tiempo de espera para una operación quirúrgica, que se multiplicaría por 5  la ocupación hospitalaria, y que ésta pasara del 83% al 98%. Para las compañías de seguros y los hospitales privados, la reducción de actividad haría que pagaran entre 30 millones y 33 millones menos por Impuesto de Sociedades, con el consiguiente impacto para las cuentas públicas.
Además, la Fundación IDIS subraya que existe una satisfacción generalizada por parte de los mutualistas con este modelo y con la asistencia ofrecida por las compañías aseguradoras que participan en él (Adeslas, Asisa, DKV, Igualatorio de Cantabria), ya que más del 80% de los funcionarios que pueden voluntariamente elegir opten por la asistencia en centros sanitarios privados a través de su mutualidad.
“El modelo beneficia al Estado, al contar con una previsión de gasto fija, y le genera beneficios económicos que redundan en una mayor eficiencia; aporta accesibilidad de los ciudadanos a la asistencia sanitaria; ayuda al mantenimiento de empleo cualificado y de la actividad de compañías que tributan por ella; permite la existencia de centros hospitalarios en zonas con escasa población; mejora la calidad de la asistencia al absorber demanda de pacientes y favorecer la menor ocupación hospitalaria pública y la reducción de las listas de espera”, concluye el análisis de la Fundación IDIS.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Gobierno que garantice el mantenimiento del sistema de mutualismo sanitario al colectivo de funcionarios, tras “las presiones de Unidas Podemos que, a través de su grupo parlamentario en el Congreso, ha presentado una proposición no de Ley en la que pone en cuestión este modelo y pretende eliminarlo de manera progresiva”. También reclaman una reunión a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para “aclarar” esta situación planteada por sus socios de Gobierno, “ante la incertidumbre generada entre el colectivo de funcionarios”.

CSIF recuerda que el mutualismo administrativo se constituyó en un momento en el que los funcionarios carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria. Y que la atención sanitaria se presta bajo las condiciones que establece la Administración en un concierto con las aseguradoras, que son diferentes a las ofertadas en un seguro privado de Salud y con prestaciones de la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud. El sindicato recuerda la decisión del Gobierno de traspasar la gestión de Muface a la Seguridad Social, que fue anulada por el Tribunal Constitucional. Y que el 22 de abril de 2020, el Gobierno traspasó la gestión de Clases Pasivas a la Seguridad Social, modificando “de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios”.

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